Se inició juicio en caso por estafa de $5 millones a comunidad libanesa

Un segundo juicio busca resolver el caso en que un abogado alajuelense, de apellidos Nassar Güell, habría estafado por $5 millones (¢3.335 millones al tipo de cambio actual) a varios miembros de la comunidad libanesa en Costa Rica, por medio de un esquema ponzi, el cual, mediante engaños, ofrece supuestas inversiones en bancos y la bolsa con rendimientos exagerados.

Antilavadodedinero / nacion

El debate se desarrolla desde el 17 de marzo en el Tribunal Penal del Segundo Circuito Judicial de San José. La Fiscalía Adjunta de Fraudes acusa a Nassar por 23 delitos de estafa mayor y dos delitos de falsedad ideológica en concurso material.

Paul Zúñiga, representante del bufete ofendido JC Esquivel y Asociados, explicó que Luis Carlos Castro, uno de los jueces involucrados en el primer debate, había estado a cargo en una fase previa de recibir prueba de este expediente, por lo que prefirieron anular aquel juicio y empezar de nuevo.

Dicha prueba consistía en los discos duros de las computadoras del acusado y, si bien el juez no tuvo acceso al contenido de los mismos, el Tribunal optó por reiniciar el debate desde cero.

El segundo juicio inició el 17 de marzo en los Tribunales de San José. Foto: Jeffrey Zamora. (Jeffrey Zamora R)

El 9 de marzo se acogió la recusación contra el juez Castro y se anuló lo que se había avanzado en el primer juicio, y al día siguiente se recusó a los otros dos jueces, explicó Erick Gatgens, representante de las empresas afectadas Korynto Ibérica S. A., El Perezoso Azul S. A. y Azor CRB Holdings S. R. L.

Zúñiga agregó que este nuevo proceso avanza rápido, pues faltan pocos testigos y la recepción de prueba. Estimó que, de avanzar con la misma celeridad, quizá la próxima semana podría arrancar la fase de conclusiones.

Erick Gatgens no se mostró tan optimista, pues estimó que aún faltan varios testigos y prueba por evaluar, por lo que estima que la causa podría extenderse más allá de Semana Santa. El abogado reiteró el interés de sus representados de que este asunto concluya pronto, pues el proceso ha sido doloroso y prolongado, que en su caso arrancó en el 2018 y ha derivado en incertidumbre y pocas expectativas de recuperar las inversiones.

El origen de la causa

Los presuntos fraudes habrían iniciado desde el 2010, cuando Nassar habría contactado familiares y amigos para ofrecerles inversiones falsas. El imputado trabajaba en JC Esquivel y Asociados S. A. con un hombre de apellidos Esquivel Favareto, quien representa a la empresa Costa Rica Escrow And Title Services S.A. (Cretsa), dedicada a la administración de bienes fideicomitidos.

Nassar era oficial de cumplimiento de la empresa, no obstante, no contaba con ninguna representación en la sociedad. Al parecer, afirmó a sus allegados que él tenía fondos de inversión, una empresa de vinos en la que podían invertir y que también realizaba préstamos mercantiles a varias compañías, los cuales eran respaldados por medio de acuerdos de préstamos.

Asimismo, ofrecía constituir fideicomisos sobre bienes inmuebles, con la sociedad Cretsa como fiduciaria, con utilidades que iban desde el 1% al 17% de interés anual.

Según la Fiscalía, Nassar sabía que no contaba con la representación legal de Cretsa y que no existían esos préstamos mercantiles, pues las empresas que figuraban como deudoras nunca habían solicitado tales créditos, ni habían otorgado sus bienes como garantías.

Después de ocho años de las supuestas inversiones, Nassar habría elaborado un esquema ponzi, al cancelar montos por concepto de intereses que provenían de lo entregado por las presuntas víctimas.

Una de las personas que figuran como afectadas en este asunto le entregó $500.000 (¢333,6 millones), mientras que otro afectado, un tío de Nassar que ya falleció, habría perdido $400.000 (¢266,8 millones) bajo la creencia de que iba a recibir ganancias gracias a una supuesta tasa preferencial para él.

De acuerdo con el Código Penal, las penas por estafa alcanzan hasta los 10 años de prisión según el monto económico defraudado; mientras que la falsedad ideológica impone sanciones de 1 a 6 años de cárcel.

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