Agentes de la Policía Nacional han detenido a seis personas como presuntos autores de los delitos de lavado de dinero, alzamiento de bienes y delitos contra la ordenación del territorio.
Antilavadodedinero / Lavozdigital
La Operación Primate ha finalizado con tres registros domiciliarios, 32 informes patrimoniales, 36 cuentas bancarias bloqueadas, 22 inmuebles embargados, 42 bienes muebles embargados/intervenidos entre turismos, motocicletas, motos acuáticas y embarcaciones así como más de 170.000 euros intervenidos en metálico.
La investigación comenzó a finales del año 2019 por el grupo de estupefacientes, tras una compleja investigación, que se vio agravada por la crisis sanitaria del covid-19 y el estado de alarma, pero que no consiguió interferir en los resultados de la conocida como Operación Primate. Esta actuación se desarrolló en tres fases, consiguiendo tras meses de investigación la identificación y detención de 31 personas por pertenencia a organización criminal y tráfico de drogas.
Los investigadores detectaron rápidamente el alto nivel de vida del que gozaban los investigados, que no guardaban proporción con sus ingresos legales, en unos casos por encontrarse desempleados durante años y en otros por encontrarse enmascarados en negocios que difícilmente serían capaces de generarlo.
En la tercera fase de la Operación Primate se inició la investigación patrimonial y el Juzgado de Instrucción número 2 de El Puerto de Santa María dictaminó el bloqueo preventivo de las cuentas bancarias con un saldo de casi 100.000 euros y el embargo preventivo de los bienes inmuebles de los investigados por un valor aproximado de 3.000.000 euros.
A lo largo de la operación se ha detectado que el principal dirigente de la trama, natural de Jerez de la Frontera, utilizaba a testaferros y personas de su entorno, con la clara intención de ocultar su verdadero patrimonio, toda vez que el patrimonio legal que ostenta es prácticamente nulo.
No dudó en traspasar todo su patrimonio a su esposa para posteriormente realizar una separación de bienes e intentar evitar con esto los posibles embargos judiciales. El matrimonio, de gustos caros y que no era difícil verlo conduciendo coches de alta gama, motos acuáticas deportivas o disfrutando de multitud de viajes internacionales a destinos reservados a unos pocos, como Islas Mauricio o Dubai.
Fruto de las indagaciones realizadas, se ha conseguido detectar la adquisición por parte del matrimonio de un terreno de 2.000 metros cuadrados y posterior construcción de un chalet de lujo compuesto por tres edificaciones de gran calidad y una piscina de más de 80 metros cuadrados, en la pedanía del Puente de la Guareña de Jerez de la Frontera. Esta construcción se asienta sobre suelo no urbano, y por tanto se encuentra prohibida su construcción, motivo por el que son acusados por el delito de ordenación del territorio y el urbanismo.
El matrimonio se enfrenta a una acusación por presuntos delitos de blanqueo de capitales asociados al tráfico de drogas, alzamiento de bienes, delito contra la ordenación del territorio y del que se ha conseguido aflorar un patrimonio en tan solo dos años de casi 1.000.000 de euros.
En el siguiente escalón se encuentra un matrimonio de Paterna de Rivera, que utilizaban el negocio de la pescadería ubicada en la Barca de la Florida, no solo para la distribución de la cocaína a otros puntos de venta de la provincia aprovechando el reparto del pescado, sino que servía de tapadera para lavar los beneficios procedentes del narcotráfico, llegando a aflorar casi 500.000 euros cuando el varón se encontraba desempleado y los beneficios declarados de la pescadería ascendían a tan solo 5.000 euros anuales de media.
Asimismo se ha de destacar que las investigaciones por tráfico de drogas y el posterior blanqueo de capitales está generando importantes actuaciones dado que el objetivo actual de los investigadores, no es sólo detener al ‘narco’, sino desarticular y desmantelar la organización economica mediante la incautación de los beneficios obtenidos de dichas ilícitas actividades.
