Morgan Stanley pagará multa de US$200M por mal uso de dispositivos personales

Morgan Stanley dijo que espera pagar una multa de US$200 millones relacionada con una amplia investigación en Estados Unidos sobre el uso de dispositivos personales no aprobados.

Antilavadodedinero / Infobae

Morgan Stanley dijo que espera pagar una multa de US$200 millones relacionada con una amplia investigación en Estados Unidos sobre el uso de dispositivos personales no aprobados.

El monto se basa en las conversaciones que la empresa ha sostenido con la Comisión de Bolsa y Valores (SEC, por sus siglas en inglés) y la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) de EE.UU., que han estado investigando el asunto en Wall Street.

Las empresas financieras están obligadas a monitorear escrupulosamente las comunicaciones relacionadas con su negocio. Ese sistema, que ha sido cuestionado por la proliferación de aplicaciones de mensajería móvil, se vio aún más presionado con el trabajo remoto poco después del comienzo de la pandemia de covid-19. Las entidades han investigado a bancos como JPMorgan Chase & Co., Citigroup Inc. y Goldman Sachs Group Inc.

Morgan Stanley reveló la cifra de gastos en su declaración de resultados del segundo trimestre, diciendo que los US$200 millones estaban “relacionados con un asunto regulatorio específico relativo al uso de dispositivos personales no aprobados y los requisitos de mantenimiento de registros de la empresa”. Los gastos totales no relacionados con intereses ascendieron a US$9.710 millones, por encima de los US$9.530 millones que esperaban los analistas.

En diciembre, la SEC y la CFTC impusieron multas por US$200 millones a JPMorgan, afirmando que incluso los directores generales y otros supervisores de alto nivel del banco habían eludido el escrutinio normativo al utilizar servicios como WhatsApp o direcciones de correo electrónico personales para la comunicación relacionada con el trabajo.

En febrero, Citigroup dijo en una presentación que estaba cooperando con la SEC mientras el regulador investigaba “las comunicaciones enviadas a través de canales de mensajería electrónica no aprobados”.

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