Justicia Española apela pesquisas en caso de pagos de Venezuela a Podemos

La Fiscalía de la Audiencia Nacional (AN) presentó un recurso de apelación contra las diligencias encargadas por el juez instructor Joaquín Gadea a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) para rastrear los presuntos pagos de Venezuela a fundadores de Podemos que se refieren a Carolina Bescansa y a Juan Carlos Monedero.

Antilavado de Dinero / Diario Las Américas.

Según fuentes jurídicas, el Juzgado Central de Instrucción Número 6 encomendó a la UDEF que indagara en las transferencias por valor de 142.000 dólares que habrían recibido de Venezuela, a través de la empresa Viu Comunicaciones, Carolina Bescansa, Jorge Lago y Ariel Jerez, así como la presencia de Monedero en la nación caribeña, entre otras cosas.

El Ministerio Público formuló un recurso de reforma para que el magistrado de refuerzo Joaquín Gadea se replanteara el encargo realizado a la UDEF, si bien el juez instructor se ha ratificado en su auto inicial, por lo que la Fiscalía formuló un recurso de apelación que dejará en manos de la Sala de lo Penal la decisión definitiva sobre estas pesquisas.

De acuerdo con las citadas fuentes, el Ministerio Fiscal no se opone a que la UDEF investigue los hechos señalados por el exjefe de la Inteligencia venezolana Hugo «El Pollo» Carvajal, sino a las diligencias concretas que afectan a personas determinadas. Así, impugnó solamente las referidas a los presuntos pagos a Bescansa y los viajes de Monedero.

La resolución judicial llegó después de que Carvajal señalara a Monedero, Bescansa, Lago y Jerez como receptores de los fondos que habrían llegado a Podemos desde Cuba y Venezuela, en su comparecencia judicial del pasado 27 de octubre ante el titular de dicho juzgado, Manuel García-Castellón.

Órdenes de pago

«El Pollo» Carvajal inició un «proceso de colaboración» con la Justicia española que se ha traducido en varias declaraciones y en la entrega de documentos a la Audiencia Nacional, todo lo cual ha propiciado la reapertura de una causa archivada en 2016 sobre la presunta financiación ilegal de Podemos que entonces solo se apoyaba en el llamado «Informe PISA».

Entre los archivos enviados por Carvajal a la AN hay una orden de pago que habría girado Nicolás Maduro en 2013 para abonar 142.000 dólares a Bescansa, Jerez y Lago por el encargo que les habría hecho el régimen para idear el «diseño político comunicacional» del «stand» de la petrolera estatal PDVSA en el XXI Congreso Mundial de Petróleo celebrado en 2014 en Moscú.

También aportó otra orden de pago que habría dictado el propio Hugo Chávez en 2008 para pagar 6,7 millones de dólares a la Fundación CEPS, vinculada a Podemos, para «propiciar un cambio político aún más afín al Gobierno bolivariano». En este documento, que fue revelado en 2016 por distintos medios, se citaría expresamente a Pablo Iglesias, Jorge Vestrynge y Monedero como «destacados profesores» a los que definiría como «aliados naturales de la revolución bolivariana».

Además, en un escrito incluido en este bloque documental, «El Pollo» indicó que Monedero habría recogido en mano en un hotel de Caracas 600.000 euros que habrían salido de la Embajada de Cuba en Venezuela.

Extradición paralizada

Carvajal está en poder de las autoridades españolas desde el 9 de septiembre, cuando fue detenido por la Policía Nacional, durante un operativo conjunto con la DEA, en un piso de Madrid donde, según el cuerpo de seguridad, vivía «totalmente enclaustrado».

Su captura reactivó su proceso de extradición a Estados Unidos, que le reclama por presuntos delitos de tráfico de armas y drogas. Quedó aprobada en 2020 pero no había podido materializarse porque «El Pollo» se fugó en noviembre de 2019, si bien su defensa recalca que nunca llegó a salir de España.

La Sala de lo Penal ordenó hacer efectiva su extradición a Estados Unidos el pasado 21 de octubre, pero apenas 24 horas después la paralizó a la espera de recibir unas garantías reclamadas por la defensa que ya han llegado y en las que las autoridades estadounidenses aclaran que, de ser condenado a cadena perpetua, no sería una pena «inalterable» porque podría recurrir en apelación y, en último término, lograr un indulto o una sustitución de pena por una inferior.

Tanto la Sala de lo Penal como la Fiscalía Antidroga han considerado «suficientes» las garantías indicadas por la potencia americana, si bien la defensa discrepa por lo que ha presentado un recurso de súplica ante la misma Sala. Aunque no es suspensivo, se espera que los magistrados lo resuelvan antes de que se pronuncien sobre la entrega a Washington de «El Pollo», de acuerdo con fuentes jurídicas.

Entretanto, el general venezolano ha extendido su cooperación a las autoridades italianas. En noviembre, los fiscales de Milán Maurizio Romanelli y Cristiana Roveda se desplazaron a Madrid para interrogar a Carvajal, que se ofreció a ayudarles en la investigación secreta que se desarrolla en la nación alpina sobre la presunta financiación del Movimiento 5 Estrellas (M5S) a través de Venezuela a cambio de que le dieran asilo.

El otrora jefe de Contrainteligencia Militar con Chávez y Maduro está perseguido en Washington por hechos que se produjeron entre 1999 y 2019, cuando habría pertenecido al llamado «Cártel de los Soles», una organización criminal supuestamente gestionada por cargos «chavistas» que, con la presunta colaboración de las FARC y otros grupos armados, habría introducido grandes cantidades de droga en Estados Unidos.

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