Informe sobre el escándalo del lavado de dinero en el fútbol uruguayo

La Secretaría Antilavado de Uruguay comenzó a fiscalizar a las organizaciones deportivas y El País accedió a datos de este relevamiento. Aquí los ingresos, activos y diferentes riesgos de lavado en el sector.

Antilavadodedinero / Elpais

Dentro del folklore del fútbol siempre sobrevuela la posibilidad de irregularidades o “dinero sucio”, en donde casos como el Fifa Gate, llevan a que las organizaciones deportivas se entiendan “de alto riesgo” para el lavado de dinero.

¿Quién controla el origen y destino de los montos de dólares que circulan en el fútbol uruguayo cada vez que hay una transferencia? ¿Están todas las organizaciones controladas? ¿Qué cifras manejan?

La Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo (Senaclaft), comenzó en el segundo semestre de 2021 a fiscalizar el colectivo de organizaciones sin fines de lucro obligadas a reportar operaciones sospechosas de lavado. Dentro de estas organizaciones, están los clubes deportivos de los cuales tomaron una lista de aquellos “que presenten mayor riesgo o mayor susceptibilidad de ser utilizados para el lavado de activos o el financiamiento al terrorismo”, según explicó Jorge Chediak, titular de la Senaclaft,

Según los datos a los que accedió El País, son 57 las organizaciones deportivas sin fines de lucro que están siendo fiscalizadas, ya que superan las franjas de ingresos anuales o de valor de activos establecidos por la normativa vigente, entre otros factores. Estas pueden integrar más de un equipo deportivo o institución dentro de la misma personería jurídica.

En cuanto a ingresos anuales, se determinan de mayor riesgo a aquellas que superan los 4 millones de unidades indexadas (UI), es decir más de $ 20 millones.

Las organizaciones que más ingresos anuales tuvieron, según las cifras declaradas entre abril de 2019 y octubre de 2020 a las que accedió El País, fueron Defensor Sporting Club (más de $ 870 millones), Club Atlético Peñarol (más de $ 690 millones), Automóvil Club del Uruguay (más de $ 611 millones), Club Nacional de Fútbol (más de $ 530 millones), Carrasco Lawn Tennis Club (más de $ 325 millones), Club de Golf del Uruguay (más de $ 311 millones) y Club Biguá de Villa Biarritz (más de $ 303 millones).

En cuanto al patrimonio, el segmento de mayor alerta comprende a aquellas instituciones que cuentan con activos que superen los 2,5 millones de UI, es decir más de $ 13 millones.

​Dentro de las organizaciones que declararon mayor patrimonio están Nacional (más de $ 1.535 millones), Peñarol (más de $ 1.054 millones), Biguá (más de $ 491 millones), Carrasco Lawn Tennis (más de $ 457 millones) y Club Plaza Colonia de Deportes (más de $ 408 millones).

​Si bien los ingresos que puede recibir una organización deportiva pueden comprender derechos de televisación, cuotas de socios, sponsors, venta de entradas por eventos entre otros, aquellas que requieren mayor control son las transferencias de jugadores y donaciones.

​En este sentido, el supervisor de Fiscalización de la Senaclaft, Gustavo Misa, señaló que dentro de la información que les piden a los sujetos obligados, se encuentran el balance de ingresos, en donde se requiere que se realice la debida diligencia para las transferencias de jugadores, y el detalle de egresos.

“El ingreso lo declara el club”, explicó Misa, “si es mucho o poco, nosotros no lo vamos a objetar a menos que de la fiscalización surja que hay elementos para pedirles que amplíen”.

​Asimismo, Misa destacó que a pesar de las declaraciones públicas que puedan hacerse sobre la venta de un jugador, por ejemplo, no se pueden “basar” en ellas, ya que “en el fútbol siempre hay negociados que primero nunca se sabe cuál es la verdad, nunca se sabe qué es lo que va a poder ocurrir. Después muchas veces tampoco es lo que el club te dice porque cobra derechos federativos. A veces hay tantos intermediarios que de los US$ 10 millones le queda uno, dos o cinco”.

​“Si después hay un tema de que si declaró US$ 8 millones y puso US$ 5 millones, hay un tema de una investigación penal, no de lo que la Senaclaft va a acceder”, agregó.

Lavado: El Puzzle del Riesgo

Este informe corresponde al ciclo de notas «Lavado: El Puzzle del Riesgo», sobre los riesgos de lavados de activos que presentan diversos sectores de organizaciones sin fines de lucro, que están actualmente siendo fiscalizados por la Senaclaft.

Faltan peines

Como explicó Misa, los montos que suelen trascender por las transferencias no son destinados íntegramente al club, sino que entre intermediarios y comisiones, son varios los que obtienen un pedazo de la torta.

​En este sentido, el gerente nacional de la Secretaría Nacional de Deporte (Senade), Gerardo Lorente, señaló que a raíz de algunos cambios normativos que realizó desde su asunción el 1° de marzo de 2020, los equipos están obligados a enviar una declaración jurada dentro de los 10 días siguientes a la transferencia, pero ya no están obligados a presentar sus balances a la Senade, a menos que esta se los pida.

​La reglamentación anterior obligaba a los clubes a presentar balances a la Senade, pero “no los presentaba nadie, salvo dos o uno”, explicó, por lo que señaló como preferible lo dicho por el presidente Luis Lacalle Pou: “a veces tenemos normas rígidas de cumplimiento flexibles. Más vale tener normas flexibles de cumplimiento rígido”.

​Sin embargo, sostuvo que no han pedido hasta el momento los balances de los equipos, ya que sí han presentado las declaraciones juradas.

​“Nosotros le pedimos a la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), a la Organización del Fútbol del Interior (OFI) y a la Federación Uruguaya de Básquetbol (FUBB), un reporte semestral de todas las transferencias que han acontecido en este semestre. Ahí cotejamos con las declaraciones juradas presentadas.

Ahí no tenemos el monto, lo tenemos en la declaración jurada (la cual cuenta también con información de intermediarios y comisiones). Lo reporta la AUF porque la OFI y la FUBB no tienen transferencias onerosas. Las transferencias son solo de la AUF, que nos manda un listado de estas, el club de origen, el destino del jugador, la fecha y nada más”, señaló.

En cuanto al cumplimiento de las declaraciones juradas, explicó que “la mayoría de los clubes lo hacen”, en donde de “30 transferencias” que hay en el semestre, siendo el período de pases entre julio y agosto el “más potente”, entre “25 y 27 están presentadas”.

​“Siempre hay entre cuatro y seis clubes que no cumplieron. ¿Cómo lo corroboramos? Con el listado de la AUF. Cruzamos y vemos que determinados equipos no cumplieron y allá vamos y los intimamos”, destacó Lorente, a lo que agregó que la norma establecida prevé que la Senade pueda iniciar juicio por incumplimiento.

​En tanto, destacó que debido a la “impresionante” carga de trabajo con la que cuentan y que solo hay “tres personas en jurídica”, carecen de un “cuerpo inspectivo para agarrar cada una de las operaciones, pasarles un peine y analizarlas y pedir información”.

El fútbol una actividad «un poco irregular»

Desde el lado de los sujetos obligados, una fuente de Defensor Sporting señaló a El País que al comienzo de la fiscalización, la Senaclaft citó a los clubes a una entrevista para comprender “cómo era el negocio del fútbol” y sus controles, a la que asistieron “casi todos los cuadros”.

​En este sentido, afirmó que en el club ya habían comenzado “un proceso de tener todo regular”, principalmente porque “al fútbol se lo vio como una actividad un poco irregular”.

​“Habían muchos clubes que no pedían factura o que no tienen cuenta bancaria. Al día de hoy, hay clubes que no tienen cuenta bancaria, que usan a la AUF o que usan cuentas personales de directivos. Entonces, ahí es difícil”, destacó.

​Si bien la AUF, que cerró el 2020 con un activo total superior a los US$ 23 millones y un patrimonio superior a los US$ 9 millones, no es un órgano fiscalizador sino que es otro sujeto obligado, realiza una debida diligencia para aquellas operaciones que realizan los clubes a través de sus cuentas bancarias.

​En este sentido, esta institución realiza la debida diligencia a los “sujetos intervinientes” –término que utilizan allí– ya que no son clientes sino asociados, debido a que estos utilizan su cuenta y la asociación debe declarar estos ingresos, así como también comprenden que es “un tema reputacional”, que genera mayores réditos a la asociación.

​En tanto, la fuente de Defensor Sporting explicó que al momento en que se realiza la venta de un jugador, se trata de descartar que detrás de esa operación haya alguien vinculado al lavado de activos. Para eso, tanto la Senaclaft como el Banco Central (BCU) cuentan con listas en donde pueden verificar esta información.

​A su vez, indicó que “se trata” de pedir el origen de los fondos, haciendo énfasis en el “se trata”, debido a que es “difícil” el acceso a esta información de un equipo del exterior, ya que “muchas veces no te dan ni pelota”. Remarcó que la mayoría de las operaciones no provienen de paraísos fiscales, ya que Uruguay no suele exportar jugadores a estos países, por lo que alcanza con una debida diligencia simplificada.

​Asimismo, afirmó que a nivel doméstico “es mucho más fácil”, ya que “acá nos conocemos todos”.

​El País consultó a directivos de Nacional y Peñarol sobre la fiscalización, pero no respondieron.

¿Y qué pasa con las SAD?

Además de lo “irregular” que se percibe el fútbol, la nueva personería jurídica de Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) hizo que las instituciones que la adoptaran, quedaran por fuera de la órbita de la Senaclaft, dijo a El País, Patricia Laburu, jefa jurídica del organismo.

​En este sentido, Misa agregó que actualmente las SAD no son sujetos obligados y “no están dentro de ninguna de las actividades reguladas”, por lo que “hay que incorporarlas a corto plazo”.

​Por su parte, Lorente explicó que en el cambio normativo, la Senade tomó competencia sobre las SAD y las transferencias de jugadores que deben declarar, pero no tienen potestad de “entrometerse” en la “vida económica” de estas, ya que “tienen autonomía financiera”.

​Es que esta nueva personería jurídica, además de quedar por fuera de la órbita de la Senaclaft, también divide aguas en el mundo del fútbol.

​En este sentido, Lorente señaló que hay dos visiones, una que se basa en “que los clubes están fundidos, que cada vez están peor, que el pasivo es tremendo, que no pueden soportar todos los gastos de infraestructura, de pagos de salarios”.

​Por otro lado, señaló que están aquellos que entienden que la SAD “no tiene un barrio atrás” y que ven el riesgo de que al hacer su negocio en unos años, luego “dejan un club tirado”.

​“Hay gente que apuesta a más SAD, incluso de la AUF, y gente que está en contra porque se pierde la deportividad y la idea tradicional que al club lo mantienen los socios, sin fines de lucro”, agregó.

El último buen año

En instituciones deportivas que cuentan con diferentes equipos en diferentes deportes o que además las integra un club social, como el caso de Defensor Sporting, la estructura de ingresos se diversifica, por lo que el trabajo de prevención de lavado de activos varía según la misma.

En este sentido, la fuente de Defensor, señaló que el ingreso que tiene el equipo de básquetbol, principalmente es por publicidad, en donde la debida diligencia es “muy simplificada”, siendo esta para “cumplir con la exigencia” de la Senaclaft. Asimismo, a pesar de la reputación que pueda tener el auspiciante, destacaron que la secretaría les exige este control de prevención, pareciéndoles esto “medio ilógico”:

“Después, los demás ingresos del básquetbol provienen de la venta de entradas. Por el monto y por la magnitud de las transacciones, quedan por fuera de la debida diligencia, porque alguien que vaya a lavar plata, no va a comprar cinco entradas para el básquetbol. Eso mismo pasa para la parte social, la cuota es $ 2.900. Nadie en su sano juicio va a lavar plata aportando algo que no le va a dar absolutamente nada, porque lo que hay detrás del lavado es que planteas una plata en un momento para después obtener un retorno”, añadió.

Por otro lado, en relación al fútbol, explicó que los ingresos a partir del balance presentado en 2019, el cual data de los ingresos de 2018, tuvieron “muy poca venta” de jugadores, “casi nula” porque en 2020 y 2021 estuvieron en la Segunda División. “Los activos son los jugadores y al estar en la B se vendió muy poco”, afirmó el informante.

En este sentido, señaló que en 2018 tuvieron una ganancia de $ 50 millones, mientras que en 2019 lo cerraron con una pérdida de $ 4 millones (en donde estuvo el pase de Maxi Gómez, del Celta de Vigo al Valencia, por el cual recibieron un porcentaje). Luego, en 2020 cerraron el año con $ 100 millones de pérdida y, en 2021, afirmaron que el cierre negativo fue de $ 60 millones.

El fin de los pases puente

Otra de las irregularidades que se manejaban en el fútbol eran los pases puente. Esto consistía en que jugadores argentinos y brasileños principalmente, se los hacía pasar por un club uruguayo (que no pisaría ni un segundo) para salir desde aquí a un club europeo y así pagar menos impuestos. Pero, a partir de 2017 este tipo de transferencias de futbolistas empezaron a pagar un ficto sobre el porcentaje que le correspondía al jugador, logrando desestimularlos.

​“Distinto era el momento cuando Uruguay solo gravaba la renta proveniente de derechos federativos o imagen de deportistas que hayan jugado 180 días en Uruguay, en la temporada anterior. Eso se eliminó. Hoy en día van a tributar IRPF o Impuesto a la Renta de No Residentes (IRNR)”, afirmó.

​Según explicó la fuente de Defensor Sporting, al realizarse una transacción el jugador se lleva el 20%, la AUF el 1,25% como “tasa por el pase”, el intermediario tiene entre un 10% y 15% (por lo cual señalaron que hay una propuesta de FIFA para “topearlo” en 3%), y, si el jugador no fue formado por el equipo, los derechos de solidaridad significan un 5%, dejando para el equipo casi un 59% del total de la transferencia. En tanto, señalaron que previo al cambio tributario, los jugadores renunciaban al 20% para evitarle el pago de IRPF al club, que luego les pagaba de todas formas su parte.

​Por otra parte, si bien está prohibido por FIFA el uso de los derechos económicos como forma de pago a terceros, siendo que estos se desprenden de los derechos federativos, y los vende el club, en la práctica puede que un representante acuerde quedarse con un porcentaje de los derechos económicos a futuro, lo cual debería “ocultarse”, indicó la fuente de Defensor Sporting, por lo que al documentar el 100% de las transacciones (como dijeron que es su caso), no ofrecen estos acuerdos.

Cambios normativos sobre transferencias

Entre la práctica y la normativa en relación a la cesión de derechos económicos, Lorente explicó que quiso modificar el artículo 2 del Decreto-ley 14.996, el cual los regula, pero no tuvo “mucho eco”:

​En este sentido explicó que reunió a diferentes referentes para hacer el proyecto normativo, el cual busca regular “el derecho federativo, el derecho económico, establecemos la posibilidad que los clubes suscriban contratos, los inscriban en el registro para que sea todo transparente de si ceden los derechos económicos a algún inversor, quién es el inversor y la posibilidad de captar fondos”.

​“Porque, aparte, hay una realidad, hoy en día muchos clubes recurren al mecanismo de dar fichas, en donde venden un jugador y uno tiene el 10%, el otro el 20%, tienen derechos económicos y no los federativos”, agregó.

​De todos modos, aún no está claro cuándo se va a presentar este proyecto regulatorio.

Casos de SAD

En el fútbol uruguayo, bajo la nueva personería jurídica de Sociedades Anónimas Deportivas (SAD), se encuentran equipos que han resonado en el último tiempo por sus buenas campañas, como Montevideo City Torque, Plaza Colonia, Deportivo Maldonado, Boston River y Rentistas, de los cuales, están aquellos que recurrieron a esta nueva figura para hacer frente a los problemas económicos que atravesaban.

​“El fútbol a veces es la tumba de los cracks. Si no dominás mucho lo que es el fútbol profesional, puede tener consecuencias y Plaza Colonia las tuvo. Fueron perdiendo un patrimonio rico que tenía la institución, porque el fútbol abarcaba mucho, mucho desgaste, eran muchas salidas.

Tuvieron que vender una parte del patrimonio para ir cumpliendo obligaciones. Tuvieron experiencias con gerenciadores que les fue mal y ahí apareció Carlos Manta, que era el último tren que pasaba”, dijo el gerente deportivo de Plaza Colonia, Carlos Manta.

​“Ese tren, el Chiqui (Roberto García) era de acá, yo de Montevideo, yo venía de la selva. Hicimos un gran equipo. El primer año fue como si fuera un gerenciamiento, un contrato, como que si fuera una especie de prueba”, agregó.

​En este sentido, explicó que comenzaron con la primera división del equipo, en donde cumplieron “con todas las obligaciones” y, al año siguiente, “un grupo de amigos que estaba siempre aportando a Plaza Colonia” les ofreció también las formativas, “porque sin trabajo abajo era muy difícil que esto prosperara” y dándoles también ayuda “con una parte económica”.

Al comenzar en su segundo año, en 2015, destacó que tuvieron la “suerte” de ascender a primera división, “porque el club estaba muy mal en todos los aspectos y ahí empezamos a conversar de hacer una Sociedad Anónima (Deportiva), porque ellos querían desligar la parte de fútbol” del club social.

​Al conformarse la SAD, acordaron un porcentaje de “todo lo que se vende de Plaza (Colonia)” e hicieron un comodato por infraestructura, la cual hicieron “crecer 10 veces más de lo que era, porque si no, no se podía competir a nivel profesional”, ya que se encontraba “como nivel amateur”.

​Este comodato para hacer uso de la infraestructura, la cual “es el verdadero tesoro” según Manta, lo prolongaron por 20 años, ya que han invertido los recursos obtenidos en ella, sin quedarse con el dinero que les “correspondía”. Debido a esto, señaló que el patrimonio de Plaza Colonia, no de la SAD, ronda entre los US$ 15 millones y US$ 16 millones.

​A su vez, destacó que desde que comenzaron con este trabajo, los socios del club social se incrementaron, pasando de 250 a los 1.800, debiéndose al “éxito” que han tenido, en relación a las consagraciones en el fútbol.

​Por otro lado, explicó que la asociación civil tiene un 15% del líquido de las ventas o préstamos, “sacando comisiones y todo ese tipo de cosas que hay en el fútbol”. De este modo, se dividió el club social y los “deportes menores” bajo la asociación civil sin fines de lucro y el fútbol bajo la SAD, la cual sí tiene fines de lucro.

​A pesar que las SAD no son sujetos obligados ante la Senaclaft y no entran dentro de la fiscalización para la prevención de lavado de activos, dijo que “hay un control tremendo”, ya que sus transacciones pasan por su cuenta bancaria local y también deben presentar las transferencias a la Senade.

​A diferencia de los “dos locos de la guerra enamorados” del fútbol, cómo definió Manta a su dupla con García, también se encuentran aquellas SAD que cuentan con sociedades de organizaciones que cuentan dentro de su cartera con varios equipos, como es el caso de Montevideo City Torque.

​El City Football Group cuenta con equipos de diferentes países, como el Manchester City, New York City, Girona, entre otros.

​Según explicó el director de negocios de Montevideo City Torque, Javier Nóblega, el grupo adquirió la licencia fútbol en el 2017 por 10 años, proyectando ser “sustentables financieramente” dentro de los próximos dos o tres años.

​Asimismo, dijo que si bien trabajan todas las líneas de negocios, como los derechos de televisión (que pueden rondar en US$ 100.000 anuales en segunda división y US$ 400.000 anuales en primera división), los sponsors, campañas de socios, ganancias por partido, el centro del negocio es la transferencia de jugadores, como en el resto de los equipos a nivel local.

​En este sentido, destacó que a pesar de pertenecer a un grupo, trabajan de forma independiente. El equipo uruguayo tiene por modelo de negocios la formación y transferencia de jugadores, mientras que el New York City, por ejemplo cuenta con “un componente comercial muy importante”.

​En tanto, en relación a la inversión que pueda realizar la SAD en infraestructura y en los jugadores, señaló que queda para los inversores y la institución deportiva hace usufructo de esto.

​A pesar de las críticas que esta estructura jurídica ha recibido, sobre la posibilidad que los inversores sólo buscan transferir jugadores y no tienen objetivos por las competencias deportivas, Nóblega señaló que es “absurdo”. Incluso a pesar de las diferencias presupuestales que se tienen con equipos como Peñarol, Nacional, Defensor Sporting o Danubio, ya que el punto de referencia (benchmark) establecido por Montevideo City Torque, se encuentra dentro de la media del fútbol uruguayo.

​“Decir que no nos importa salir campeón porque tenemos un modelo de negocios claro, es absurdo. Nosotros vamos a los partidos a salir a ganarlos y salir campeón”, dijo y agregó que esto es tanto por la “gloria” y porque se “revalorizan los jugadores”.

​Por último, señaló que este es el sexto año de la SAD, de los que dos fueron en la segunda división, por lo que “todavía no se ha empezado a mostrar el verdadero proyecto del club que es en formativas.

Es algo que lleva su proceso madurativo, no es de un día para el otro que sos atractivo para los jóvenes, que vienen a jugar a tu club y no van a Nacional, Peñarol o Defensor”. Por esto, en el trabajo con juveniles destacó que aumentaron el personal de cada categoría, ampliaron los captadores y realizaron un convenio con distintos equipos de OFI, el cual se llama “Familia City”.

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