Gobierno corporativo y lavado de dinero en los bancos

Uno de los mayores escándalos recientes de lavado de dinero ocurrió en uno de los lugares del planeta menos esperados: los países escandinavos. Estos últimos generalmente se asocian con un gran respeto por la ley y buen gobierno corporativo.

Por Portafolio/AL

En el caso del banco privado de Dinamarca (Danske) no fue así, haciéndose merecedor del premio del mayor “Actor Corrupto del Año” que otorga el “Proyecto de los Reporteros sobre Crimen Organizado y Corrupción”. También hay dos bancos más: el banco más antiguo de Suecia (Swede) y Nordea de Finlandia también, participaron en este negocio ilícito.

En el caso de Danske las cifras son alarmantes, ya que a través de una pequeña sucursal en Tallinn, la capital de Estonia en los Bálticos, se “lavaron” US$220 billones a través de 10,000 cuentas de clientes, sin que los bancos, los reguladores y las Unidades de Inteligencia Financiera hicieran nada, a pesar de haber sido alertados por el Banco Central de Rusia, ya que parte de las actividades ilegales incluyen evasión de impuestos y tarifas aduaneras por ciudadanos rusos.


El gobierno corporativo de Danske ya que sus gestores y el Directorio y sus comités especializados ignoraron o escondieron el problema, sus auditorías internas y externas, el manejo de riesgos, complicidad de las unidades de negocio, las unidades de cumplimiento y las Unidades de Inteligencia Financiera (UIF). Las deficiencias fueron tan evidentes y tan graves que la Comisión Europea se vio obligada a reportarle al Parlamento y a su Consejo sobre estos hechos y proponer reformas.

Los resultados de la investigación de la Comisión encuentran enormes deficiencias en los bancos y en las autoridades supervisoras. Entre los primeros están las fallas en el gobierno corporativo, complicidad de los empleados, incapacidad de controlar y supervisar a sus sucursales, ignorar los principios de control al lavado de dinero (AML/FT) y falta de reportar transacciones sospechosas a las UIFs.

En cuanto a los supervisores, la Comisión estableció la falta de poderes para ejercer una vigilancia más estrecha en términos de lavado e imponer sanciones más drásticas, falta de experiencia, inspecciones prudenciales deficientes, confiar demasiado en los banqueros, débil cooperación transfronteriza, confusa estructura de la supervisión nacional (AML/FT) y regional (ECB) y por supuesto deficiente gobierno corporativo.


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