Funcionarios de la UAF y la información oficial en Panamá

Los funcionarios de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) están obligados, por ley, a guardar total reserva sobre la información que obtengan o conozcan en el desempeño de sus funciones, y el que no cumpla con ello, se expone a una sanción de tres a cinco años de prisión, según el Código Penal.La UAF, que fue creada en el gobierno de Ernesto Pérez Balladares, mediante Decreto Ejecutivo 136 de 1995, señala que sus funcionarios están obligados a suministrar información únicamente al procurador general de la Nación, cuando –a juicio de la entidad fiscalizadora– deba procederse a una investigación por parte del Ministerio Público.Adicional, debe proveer “asistencia” a los funcionarios de instrucción de la Procuraduría y a los designados en la Superintendencia de Bancos de Panamá, para ayudar en las investigaciones penales o administrativas de actos relacionados con blanqueo de capitales.El artículo 6 del Decreto Ejecutivo 136 de 1995 señala que el Órgano Ejecutivo procederá contra el funcionario o exfuncionario de la UAF que revele información obtenida en el desempeño de sus labores a personas no autorizadas.La sanción incluye la destitución y la presentación de una denuncia penal por la comisión de delitos contra la inviolabilidad del secreto, cuya pena es de tres a cinco años de prisión, según el Código Penal vigente.“La UAF es una entidad blindada, de absoluta confidencialidad”, indicó su exdirectora, Victoria Figge. “Nadie puede estar husmeando qué es lo que hay ahí… Cualquiera que muestre o entregue documentos está expuesto a sanciones muy serias”.Figge se pregunta cómo llegó al Diario de las Américas, que se edita en Miami, una información de una supuesta investigación de la UAF, que vincula al vicepresidente de la República y candidato presidencial del opositor Partido Panameñista, Juan Carlos Varela.“¿Cómo llegó lo que llegó a este medio? Esto viola la ley de la UAF… Resta credibilidad a una institución que le costó mucho ganársela”, indicó. “Hace poco tuvimos un informe del Fondo Monetario Internacional [FMI] sobre las debilidades que tenemos en este aspecto y este tipo de divulgación no nos ayuda.Esto muestra la debilidad institucional que existe en este país”, remarcó.Es de mencionar que Victoria Figge, es fundadora y propietaria de BERG Associates (Latin America) Inc. Tiene 15 años de experiencia en el área de Reaseguros, en Comercio Internacional., Publications, Universidad de Miami, ambos de EE.UU., El Grupo Egmont, la Superintendencia de Bancos en Guatemala, la Asociación Bancaria de Guatemala y Argentina, la DEA en Miami, y otros. Fue Directora de la Unidad de Análisis Financiero “UAF” Panamá.Logró la membresía de Panamá del Grupo Egmont desde 1997. Es asesora y facilitadora en el área de Prevención y Detección del Lavado de Dinero o de Activos y el Financiamiento al Terrorismo de Bancos y otras actividades financieras y no financieras de Centro América y Panamá, Ecuador y Argentina. Es Consultora Certificada por el Pacto Global de Panamá –del Pacto Mundial de las Naciones Unidas, en el área de Responsabilidad Social Empresarial.Fue Co-Presidente de la Comisión Presidencial de Alto Nivel encargada de diseñar e implementar políticas y leyes para la detección y prevención del lavado de dinero y Coordinadora Nacional para la Lucha Contra el Lavado de Dinero. Fue Gerente General de la Administración de la Zona Libre de Colón de la República de Panamá.Ha sido conferencista en foros internacionales de la CICAD, OEA, Asociación Bancaria de Panamá, FELABAN, la Policía Montada del Canadá, Instituto Bancario y de Seguros de Costa Rica, Oceana. Entre otros.

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