La reciente abolición de la responsabilidad por enriquecimiento ilícito en el Código Penal es una gran derrota en la lucha contra la corrupción en Ucrania.
Así se desprende de la declaración conjunta del Grupo de los Siete (G7) y el Banco Mundial sobre la decisión de la Corte Constitucional en relación con el enriquecimiento ilícito, publicada en Twitter.
“Esto debilitó la influencia de toda la arquitectura anticorrupción, incluido el Tribunal Supremo Anticorrupción, que pronto debería crearse y, como se esperaba, debería decidir un número significativo de casos de enriquecimiento ilícito, así como afectó la capacidad de la Oficina Nacional Anticorrupción para investigar la corrupción en los niveles más altos de poder. Las investigaciones en curso y los enjuiciamientos por enriquecimiento ilícito dieron esperanzas de llevar ante la justicia a quienes aprovecharon su puesto oficial para enriquecimiento personal”, señalaron los autores.
Señalaron que, en 2010, más de 40 países habían criminalizado el enriquecimiento ilícito, y desde entonces muchas otras jurisdicciones han incluido este delito en su legislación penal.
Según la declaración, los tribunales de todo el mundo han reconocido que el castigo por enriquecimiento ilícito es una herramienta poderosa en la lucha contra la corrupción, que al mismo tiempo respeta los derechos humanos fundamentales y los principios constitucionales, como la presunción de inocencia, una garantía contra la coerción a la autoincriminación y la seguridad jurídica.
“El G7 y el Banco Mundial instan a las autoridades ucranianas a que intensifiquen sus esfuerzos para garantizar la eficacia de los instrumentos y las instituciones legales anticorrupción, incluida la reanudación de la responsabilidad penal por enriquecimiento ilegal de conformidad con los principios de la ONU, la OCDE y el CEDH, y que encuentren una forma de continuar decenas de investigaciones y procesos penales, cuya conclusión fue amenazada por esta decisión”, resumieron los autores de la declaración.
Recordemos que el 26 de febrero, la Сorte Constitucional de Ucrania reconoció no constitucional el artículo 368-2 del Código Penal que preveía el procesamiento de funcionarios por enriquecimiento ilícito.
La Corte Constitucional explicó que el artículo sobre el enriquecimiento ilícito fue cancelado porque viola el artículo 62 de la Constitución de Ucrania sobre la presunción de inocencia.
A continuación, el presidente Petró Poroshenko firmó e instruyó registrar en la Rada Suprema un proyecto de ley sobre la regulación de la legislación sobre la responsabilidad por enriquecimiento ilícito. El mismo día, el proyecto de ley “Sobre las modificaciones al Código Penal y al Código de Procedimiento Penal de Ucrania en relación con la responsabilidad por enriquecimiento ilícito” (Nº10110) propuesto por el presidente fue registrado en el Parlamento.
La responsabilidad penal por enriquecimiento ilícito fue introducida en 2014. Fue uno de los requisitos de la UE para implementar el Plan de Acción de Liberalización de Visados.
El artículo 368-2 del Código Penal, entre otras cosas, preveía una pena de prisión de hasta dos años por la adquisición por parte de un funcionario de activos no confirmados por ingresos oficiales. Las mismas acciones cometidas por un empleado en una posición responsable fueron castigadas con prisión por un período de 2 a 5 años, y por un empleado en una posición particularmente responsable, con prisión por un periodo de 5 a 10 años.
El 12 de diciembre de 2017, 59 diputados enviaron una petición a la Corte Constitucional de Ucrania con una solicitud para verificar el Artículo 368-2 del Código Penal para el cumplimiento con la Ley Básica.
ALD/Ukrinforma
