Costa Rica frente al ataque del «Conti Ransomware»

Después de un mes de devastadores ataques de ransomware, Costa Rica se enfrentó a unos de los más peligrosos ataques de la delincuencia, que llevó a caba recurrir a una medida generalmente reservada para desastres naturales o la pandemia de Covid-19, para permitir que el gobierno respondiera con mayor agilidad a la crisis.

Antilavadodedinero / Oncenoticias

El presidente Rodrigo Chaves, hizo de la declaratoria de emergencia uno de sus primeros actos. Chaves no ha nombrado a los integrantes del Comité Nacional de Emergencia.

La declaración hace referencia al ataque que está sufriendo Costa Rica a manos de «ciberdelincuentes» y «ciberterroristas».

La pandilla Conti, de habla rusa, se atribuyó la responsabilidad del ataque. La semana pasada, el Departamento de Estado de EE. UU. ofreció una recompensa de $10 millones por información que conduzca a la identificación o ubicación de los ejecutivos de Conti.

El ataque comenzó en abril cuando el Departamento del Tesoro anunció por primera vez que varios de sus sistemas, incluidos los de recaudación de impuestos y aduanas, estaban afectados. Los ataques también tuvieron como objetivo el sistema de personal de la Caja de Seguro Social y el Ministerio de Trabajo.

El gobierno costarricense no ha anunciado la propagación del ataque, pero algunos sistemas, particularmente en el Ministerio de Hacienda, aún no funcionan con normalidad. El gobierno tampoco ha hecho una evaluación de las pérdidas causadas por el ataque.

El Departamento de Estado de EE. UU. dijo en un comunicado que el grupo Conti ha sido responsable de cientos de casos de ransomware en los últimos dos años.

«El FBI estima que para enero de 2022, hubo más de 1000 víctimas de ataques relacionados con el ransomware Conti, con pagos a las víctimas superiores a $150 000 000, lo que convierte a la variante Conti Ransomware en la variedad de ransomware más costosa jamás documentada», dice el comunicado.

Además del estado de emergencia del ransomware, Chaves también eliminó el uso obligatorio de máscaras en espacios públicos relacionado con la pandemia y emitió un decreto que insta a las instituciones públicas a no sancionar a los funcionarios que no hayan sido vacunados contra el virus Covid-19, revirtiendo la política. de su antecesor.

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