La creación de juzgados anticorrupción, del Servicio de Inteligencia Financiera y de un banco de datos son las propuestas del proyecto de Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz para una mayor efectividad en la investigación, procesamiento y sanción de los servidores públicos que causen daño económico al Estado.

Los datos fueron proveídos por la ministra de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción Institucional, Nardi Suxo Iturri, quien durante una entrevista explicó los alcances de esta norma que actualmente está en manos de la Comisión de Constitución del Senado para su revisión y que mañana deberá pasar a la Cámara de Diputados para su aprobación final.

La autoridad gubernamental explicó que la creación de estos juzgados especiales del Órgano Judicial responde a la necesidad de dar celeridad al esclarecimiento y sanción de los casos de enriquecimiento ilícito de “ex servidores públicos, actuales y de los que vendrán”, en vista de que es en las instancias judiciales donde se retrasan los procesos investigativos.

“Nosotros (en relación al Ministerio de Transparencia) presentamos una denuncia después de recabar toda la información, con documentación y verificando si han cometido o no hechos de corrupción; la remitimos al Ministerio Público para que siga las investigaciones. (Pero) si nosotros no estamos todos los días reclamando al fiscal, el caso no avanza”.

Los juzgados anticorrupción deben ser presididos, de acuerdo con Suxo, por profesionales idóneos y poseedores de un currículum de servicio intachable. “Ésta es una propuesta clave para nosotros, porque no vemos de qué otra manera se pueda avanzar en la lucha contra la corrupción”.

Por otro lado, la Ministra informó que en el proyecto de normativa también se plantea la creación de una suerte de Sistema de Inteligencia Financiera que dependerá de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), instancia que indagará sobre el presunto enriquecimiento ilícito de los funcionarios públicos. Precisó que esta entidad tendrá un carácter “más ejecutivo; más cercano al ciudadano”.

Asímismo, Suxo hizo referencia a la necesidad de contar con un banco de datos, otra de las propuestas del proyecto, de manera que se pueda tener una relación de todos los bienes de los servidores públicos. Apuntó que normalmente, una vez que estos empleados hacen su declaración jurada ante la Contraloría General del Estado, dicha información no se somete a control alguno.

“Se pretende que, dijo la Ministra, esa declaración pase a ser de conocimiento de la UIF y así tener acceso al sistema para cruzar y verificar los datos”.

El ex presidente del Banco Central de Bolivia Armando Méndez explicó que la Unidad de Investigaciones Financieras se creó sobre todo para luchar contra el lavado de dinero que es implementado por el narcotráfico; sin embargo, no se conoció de resultados en este tipo de casos.

En su criterio, cuando hay corrupción de un funcionario, “éste no dejará huellas, pondrá el dinero a nombre de otros; por lo tanto, no se debería confundir delitos con corrupción en la actividad pública”.

La propuesta propone un banco de datos de los empleados públicos

El proyecto

En 2006, el Proyecto de Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz fue propuesto en el Poder Legislativo con sede en La Paz.

En 2007 fue aprobado por los diputados, y en 2008 el Senado le dio el visto bueno; pero quedó archivado.

La pasada semana, los senadores del partido de Gobierno anunciaron la revisión de la Ley Anticorrupción.

Esta propuesta plantea erradicar los actos de corrupción en el manejo de los recursos pertenecientes al Estado.

Postula que el empleado público renuncie al secreto bancario y que se analicen sus finanzas con carácter retroactivo.

Los funcionarios de los poderes del Estado estarán sujetos a la aplicación de esta normativa especial.

Los militares y policías también podrán ser procesados por esta ley una vez que sea promulgada por el Ejecutivo.