Dictadores, burócratas dispendiosos y traficantes de armas extranjeros siguen enviando millones de dólares en fondos potencialmente corruptos a Estados Unidos pese a que las leyes posteriores a los ataques terroristas del 2001 impusieron severas penas para el lavado de dinero, según una investigación del Senado difundida ayer.

El senador Carl Levin, titular de un panel del Senado sobre seguridad nacional, dijo que aunque las instituciones financieras han mejorado la detección de dinero de procedencia dudosa, quedan resquicios en la ley contra el lavado de dinero establecida en la Ley Patriota del 2001.

Agregó que esto ha permitido que abogados, agentes de bienes raíces, cabilderos y otros actúen como intermediarios de extranjeros que buscan colocar su fortuna en Estados Unidos.

Un informe difundido por el demócrata y por el senador Tom Coburn, el republicano de mayor jerarquía en el panel, detalla cómo el hijo del presidente de Guinea Ecuatorial colocó 110 millones de dinero de procedencia dudosa en Estados Unidos entre el 2004 y el 2008. Agrega que un traficante de armas angoleño, actualmente preso en Francia, mantuvo 30 cuentas bancarias con las que efectuó transacciones por 60 millones de dólares entre 1997 y el 2007.