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México: Ley antilavado de dinero, ¿un arma sin balas?
Publicado el 12/11/2012

La buena noticia: México ya tiene una ley federal para combatir el lavado de dinero y deja atrás las 13 diferentes leyes dispersas que tocan hoy la prevención o persecución del blanqueo de recursos. La mala: la falta de reglas claras, los altos costos para que las entidades cumplan la norma y la incapacidad de las autoridades supervisoras podrían dejar esta legislación en puras buenas intenciones. 


Después de dos años de estar atorada en el Congreso, el pasado 11 de octubre el Senado aprobó la Ley para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, y el día 17 del mismo mes fue decretada por el presidente Felipe Calderón.

Con esta ley se fortalecerán los procedimientos para prevenir la entrada de recursos de procedencia ilícita, sobre todo del crimen organizado, a la economía formal del país, ya que más instituciones, además de las financieras, estarán obligadas a reportar movimientos irregulares en aquellas actividades que se consideran vulnerables.

Pero la ley antilavado entrará en vigor hasta julio de 2013 y el reglamento con el que se aplicará se publicará dos meses después. Este periodo causa incertidumbre entre las personas que tendrán que reportar actividades inusuales porque, hasta el momento, no saben cómo se hará.

Las reglas poco claras no son el único problema. También está los costos que significarán cumplir con las nuevas normas y la dificultad del gobierno para vigilar a un universo mayor de empresas.

La nueva ley incluye otras 5 actividades vulnerables para la supervisión, lo que incrementará la carga de trabajo para las autoridades financieras y podría hacer imposible que cumplan con la adecuada vigilancia. Ya hoy, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) supervisa más de 420 entidades financieras, las cuales, en promedio, deben cumplir 300 obligaciones en materia de lavado de dinero.

Sin un reglamento claro, con altos costos para cumplir y una insuficiente capacidad de las autoridades para realizar la supervisión, la ley antilavado puede quedarse sólo en buenas intenciones.



Lavandería mexicana

El lavado de dinero, que consistente en hacer pasar por lícitos recursos conseguidos de forma ilícita, asciende en México hasta los 10,000 millones de dólares (mdd) por año, según estimaciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

La realidad es que no hay cifras oficiales sobre esta actividad. De acuerdo a la Comisión de Estudios Legislativos del Senado, el lavado de dinero en el país llega hasta los 3 billones de pesos por año.

Mientras que el grupo Global Financial Integrity (GFI) publicó en un análisis en enero de este año que en la década pasada, los flujos financieros ilícitos salientes por año eran de 50,000 mdd. Además, esta cifra, de acuerdo a GFI, es conservadora, pues no contempla el lavado proveniente del tráfico de drogas.

La ley antilavado, enfocada hacia otros agentes económicos, además del sector financiero, que ya cuenta con políticas de prevención en lavado de dinero, contempla montos mínimos para comprar bienes e inmuebles en efectivo.

Por ejemplo, no podrán pagarse en efectivo automóviles cuyo valor excedan los 200,000 pesos o viviendas que cuesten más de 500,000 pesos. También habrá topes para la compra de metales preciosos y obras de arte.

Además, la Secretaría de Hacienda recibirá reportes de agentes involucrados en actividades vulnerables sobre transacciones cuyos montos sean superiores a los establecidos. Las actividades consideradas vulnerables son:

• Práctica de juegos con apuestas, concursos o sorteos

• Emisión o comercialización de tarjetas de crédito y de servicios

• Servicios de operaciones de mutuo o de garantía

• Servicios de construcción o desarrollo de bienes inmuebles o de transmisión de propiedad

• Servicios notariales en la compraventa de bienes inmuebles, celebración de contratos de crédito en los que el acreedor no forme parte del sistema financiero

Armas sin balas

La ley antilavado, publicada el pasado 17 de octubre, no entrará en vigor hasta julio de 2013. Pero para aplicarla se necesita el reglamento, el cual no será emitido hasta dos meses después de que entre en vigor la misma ley. Esta situación causa incertidumbre entre quienes tengan que acatarla, dice Jorge García, socio de Asesoría Financiera de Deloitte México.

“La ley, efectivamente de su mera lectura e interpretación jurídica, sí deja dudas, incertidumbre y confusiones, incluso para los agentes económicos que tenemos que implementarla”, indica el especialista, quien espera que el reglamento, cuando se publique, sea “claro, contundente, específico y que nos diga qué y cómo vamos a reportar a la autoridad hacendaria”.

Además de cumplir con el reglamento, los agentes involucrados en actividades vulnerables, como las casas de cambio y las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple No Reguladas (Sofom) tienen que elaborar sus propios manuales de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Al respecto, la SHCP emitió solamente lineamientos que deben tener dichos manuales.

Pero además de la elaboración de manuales, los actores involucrados tendrán que hacer adecuaciones en tecnología y en la creación de un área dedicada al cumplimiento de las normas. Estos costos podrían dejar a algunos fuera de sus negocios, considera Carlos Leos, presidente nacional de Centros Cambiarios Asociados (CCA).

“A nosotros nos cuesta entre 100,000 y 150,000 pesos anuales en las capacitaciones, en los sistemas, en el oficial de cumplimiento y la infraestructura necesaria para prevenir ese tipo de operaciones. Y al 30% de nuestros compañeros, esa cantidad de 150,000 pesos les resulta suficientemente caro para quedarse fuera del sector”, explica.

Aunque aún no se tiene el reglamento para ajustarse a la nueva ley antilavado, las entidades que realicen actividades vulnerables verán incrementarse sus costos para adecuarse. “A una Sofom le cuesta 400,000 pesos hacerse con la misma política de prevención de lavado de dinero. Pero ve a saber cuánto le costará hacerlo a una agencia de autos de lujo; se elevan muchísimo los costos”, comenta Carlos Leos.

Además del costo, están las sanciones para quién no cumpla: desde 12,000 pesos de multa hasta 8 años de cárcel a quien incumpla con las disposiciones.

Así, sin reglas claras para cumplir y con altos costos para adaptarse, los directivos de las nuevas entidades que deberán seguir la ley corren el riesgo de terminar en prisión.

Muchos vigilados, un solo vigilante

La Unidad de Inteligencia Financiera, creada por la SHCP en 2004, recibió en ese año casi 30,000 reportes de operaciones inusuales de clientes de instituciones financieras. Para el año siguiente, este número se duplicó hasta 63,000, y en 2011 el número de reportes se situó en casi 50,000. De enero a septiembre de 2012, se tienen registrados 40,000 reportes.

Estos reportes corresponden solamente a los enviados por las instituciones financieras. Ahora, con un universo mucho más grande de entidades a supervisar, la autoridad puede verse rebasada.

“Si no hay un reglamento claro, podemos caer en un ‘sobrerreporteo’, y difícilmente la autoridad va a poder indagar todos los reportes y clasificar todos aquellos que sean verdaderamente importantes”, considera Jorge García, de Deloitte.

Al haber un universo tan grande, la Secretaría de Hacienda va a quedar completamente rebasada, no creemos que pueda analizar todos los reportes”, coincide Carlos Leos, presidente de CCA.

Por si fuera poco, aun se desconoce el formato en que se harán dichos reportes y específicamente a quién se entregarán.

Ignacio Morales Lechuga, presidente del Colegio de Notarios del Distrito Federal, asegura que el gremio puede estar listo en 30 días para generar estos nuevos reportes, pues están habituados a reportar constitución de sociedades mercantiles, compras-ventas, transmisiones de propiedad, fideicomisos, testamentos, constitución de instituciones de asistencia privada, entre otros.

“En todo caso, lo que requeriríamos saber es el formato y dirección a donde debemos enviar el reporte y los mecanismos de validación y autenticidad de nuestros reportes”, aclara Morales, quien también fue procurador general de la República de 1991 a 1993.

Cultura del ‘cash’

Aunque los actores involucrados trabajen a marchas forzadas para adecuarse a los ordenamientos, el cumplimiento de la ley antilavado también es una cuestión cultural, rubro que tardará más tiempo en entenderse.

En México, la cultura del ‘cash’ domina: 80% del gasto personal se hace con efectivo, según Mastercard.

Carlos Leos, de CCA, cuestiona que se piense que la ley antilavado sea solamente para combatir el crimen organizado, pues “para quienes va dirigido no saben ni pío de qué es el asunto, lo relacionan más con una cuestión de narcotráfico y secuestros, pero la política de prevención de lavado de dinero no es otra cosa sino que tienes un ingreso y si no lo declaras al fisco, ese ingreso se vuelve enriquecimiento ilícito y, por consecuencia, un lavado de dinero”.

Jorge García, de Deloitte, recuerda que la ley antilavado involucra a casi todas las actividades comerciales y la mayor parte de la población paga sus bienes y servicios en efectivo. “No estamos muy acostumbrados a usar el crédito. No creo que se inhiba el uso de efectivo, pero sí, en un momento, puede preguntarse si paga un bien en efectivo o no, o bien, si no lo compra.”

Más allá de tener el reglamento en la mano y la infraestructura, la ley antilavado llevará más tiempo en cuajar, considera Carlos Leos. “Es una cuestión más cultural, eso nos llevaría como 10 años para que la ley tenga el efecto que se está buscando.”

*Elfinanciero.com.mx

 
 
 
       
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