¿Realmente existe Lavado de Dinero en Las Campañas Electorales?
La Revista Digital Mexicana de Análisis Politico CEINPOL publicó en días anteriores un artículo de Salvador Mejia abogado por la UNAM, especialista en temas de Prevención de Lavado de Dinero y Gobierno Corporativo, en cual deja ver una política muy personal respecto al lavado de dinero a través de las campañas electores, acción que en el descripción del trabajo describe “un símil del financiamiento al terrorismo”. Sin embargo, el trasfondo de su escrito podría asomar incluso la figura de corrupción ante la posibilidad de que la delincuencia organizada, en su búsqueda constante de lugares y elementos de poder en los cuales afianzar sus estructuras de operatividad, consigan alianzas con políticos que van rumbo al poder. Saque usted sus propias conclusiones.
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Salvador Mejia
En 2010 comenzará un largo proceso electoral en México que no se detendrá sino hasta 2012 con la disputa por la Presidencia de la República; dicha disputa comenzará con la renovación de varias gubernaturas y una de las reglas no escritas del sistema político establece que para ganar un proceso electoral se requiere dinero, mucho dinero.
No obstante esto, la legislación nacional establece que las campañas electorales serán financiadas exclusivamente por el Estado vía prerrogativas económicas y en especie asignadas por el Instituto Federal Electora (IFE) a los Partidos Políticos, y serán estos quienes determinaran, con un mínimo de reglas de operación y de rendición de cuentas, como aplicarán dichos recursos a las campañas electorales de sus candidatos.
Esta mecánica de financiamiento ha sido duramente criticada ya que los recursos asignados son, evidentemente, extraídos de recursos públicos; y no es para menos ya que no solo durante las elecciones de 2009 el IFE publicó un Acuerdo en el cual se establece que el financiamiento público para actividades ordinarias permanentes de los Partidos Políticos sería de $2,731 millones 629 mil 587.70 pesos, sino que el mecanismo de rendición de cuentas técnicamente se limita a rendir un informe de gastos de campaña y a no sobrepasar los topes fijados por el mismo IFE; es por esto que muchas voces piden que el financiamiento provenga, en una menor parte, de recursos públicos y otra de recursos privados; es decir que se permita que los particulares (personas físicas y/o morales) realicen aportaciones económicas o económicas al Partido o candidato de su preferencia, copiando en buena medida al sistema de los Estados Unidos.
Ante estas críticas y ante esta alternativa para el financiamiento, los expertos señalan (señalamos) que esto simplemente abriría las puertas a que las actividades diarias de los Partidos Políticos y que los procesos electorales pudieran llegar a ser financiados con recursos de procedencia ilícita; y esto se constituiría como una amenaza real y concreta a la seguridad nacional.
Independientemente de los argumentos a favor o en contra de ambas propuestas, la realidad es que antes de los tristemente célebres eventos conocidos como el “Maxiproceso” de Quintana Roo de hace más de diez años y más recientemente el “Michoacanazo”, este no era un tema que nos quitara el sueño, y no lo era porque no teníamos la evidencia que constatara el nivel de penetración de la delincuencia organizada, aunque a la distancia creo que (para ser honestos) dicha evidencia quedó un poco maltrecha debido al pésimo manejo de los procesos penales correspondientes en el último de los casos.
Una vez aclarada esta cuestión, responderemos la pregunta de fondo para ese artículo: ¿existe lavado de dinero en las campañas electorales?
La respuesta técnica es no, no existe lavado de dinero en las campañas políticas, la figura que en realidad aplica para este supuesto sería un símil al financiamiento al terrorismo.
Como lo he señalado en columnas anteriores, el lavado de dinero se define como el proceso de esconder o disfrazar la existencia, fuente ilegal, movimiento, destino o uso ilegal de bienes o fondos producto de actividades ilegales para hacerlos aparentar como legítimos mediante el llamado proceso de Ubicación, Integración y Ocultamiento, o como lo define a su vez, y con mucha mayor simplicidad La Red de Control de Crímenes Financieros (www.fincen.gov) dependiente del Departamento del Tesoro de Estados Unidos: “Disfrazar activos para ser utilizados sin que se detecte la actividad ilegal que los produjo.”
Una característica del lavado de dinero, a diferencia del financiamiento al terrorismo, es que los “lavadores” tienen perfectamente contemplado que para logar lavar sus activos en necesario afrontar “pérdidas económicas”, ya se vía impuestos, comisiones financieras o autenticas pérdidas económicas, todo ello justificado con el hecho de que al finalizar el proceso de lavado los recursos:
I) Estarán integrados al sistema financiero y económico,
II) El origen ilícito de estos habrá sido debidamente ocultado y
III) Los recursos económicos se encontrarán disponibles.
El “perder para ganar” nunca fue tan redituable.
Por su parte, y esta es la primera vez que lo definimos, el financiamiento al terrorismo, es el brindar cualquier tipo de apoyo a las personas o agrupaciones que ejecutan actos terroristas, es decir, no se encuentra implícita la búsqueda de beneficios de carácter económico, de hecho la persona, grupo o país que financia al terrorismo, al momento de entregar los recursos o el apoyo en cualquiera de sus modalidades (esto podría ser el “simplemente” permitir el uso de un inmueble o de un vehículo) se consumaría el supuesto.
La motivación para financiar al terrorismo es netamente ideológica, en clara oposición a la búsqueda de beneficios económicos que enmarca al lavado de dinero, y por otro lado, puede llegar a ser el medio para poder llevar a cabo las acciones relacionadas con las actividades criminales.
El objetivo del terrorismo es el lograr intimidar a la población u obligar a un Gobierno o a una organización local o internacional a realizar o abstenerse de realizar un determinado acto por medio de la amenaza de violencia; es por esto que hoy por hoy, y como lo hemos venido diciendo respecto del lavado de dinero, la definición “simple” ya no retrata a la realidad, diversos organismos internacionales ya consideran que los métodos utilizados por la delincuencia organizada en América Latina se adaptan perfectamente a la definición clásica de terrorismo, de allí que nadie discute que el término “narcoterrorismo” se totalmente valido.
Ahora bien, respecto del Capítulo México, existe un hilo conductor entre ambas figuras, el narcoterrorismo es indiscutiblemente financiado desde el interior, es decir, no hay evidencia de que recursos provenientes fuera de México fluyan hacia las facciones armadas de las organizaciones criminales, por lo tanto es lógico afirmar que una parte de los recursos que obtiene la delincuencia es destinada para financiar los “gastos operativos” y que el lavado de dinero es a menudo un elemento vital del financiamiento al terrorismo.
Por supuesto que los grupos terroristas pueden de igual manera ser autosustentables mediante la práctica de actividades ilícitas, no olvidemos que recientemente el grupo delictivo conocido como los “zetas” fue ascendido a la categoría de Cartel gracias a que comenzó a autofinanciarse, además del tráfico a menor escala de drogas ilícitas, mediante la venta de protección, asesinatos, extorsión, secuestro, contrabando y robo.
Técnicamente la tipología que haría falta para encuadrar al 100% al narcoterrorismo con la definición clásica del financiamiento al terrorismo sería el uso indebido de fondos de ayuda proveniente de organizaciones sin fines de lucro. No me consta mayor aproximación a este caso que los recientes sucesos ocurridos en los centros para la recuperación de adictos en el norte de México, al igual que los recursos económicos indebidamente liberados por programas de apoyo gubernamentales para agricultores y pequeños empresarios.
Así las cosas, reitero mi planteamiento inicial y creo firmemente que en el caso de México si bien sería muy difícil encuadrar el lavado de dinero en las campañas electorales, o en el día a día de las actividades de los partidos políticos, debe entenderse que la delincuencia organizada efectivamente busca infiltrarse por diversos medios a los partidos políticos o cooptar a los precandidatos o candidatos, buscando con ello afianzar sus estructuras poder, y quien dude de esta afirmación le sugeriría que revisara el caso de René Bejarano y Carlos Ahumada, al final todo quedó en un escándalo mediático-político ya que no le fue posible a la Procuraduría acreditarle al “señor de las ligas” el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, el tipo penal es complejo y sujeto a diversas interpretaciones.
¿Y tú cómo evitarías que la delincuencia financiara a tu candidato?
Nota del Editor: Este artículo fue publicado originalmente en www.centrodeinteligenciapolitica.com y las opiniones expresadas en el mismo no representan la posición editorial de antilavadodedinero.com.
