La protección de los usuarios de servicios financieros no está garantizada ni en Europa ni en España, por ello el Parlamento Europeo y la Comisión proponen endurecer las sanciones a las entidades que persisten en la mala praxis y crear una autoridad protectora del consumidor financiero en cada Estado que actúen de forma coordinada en la UE.

Las malas prácticas bancarias y los fraudes financieros siguen siendo un problema en Europa sobre todo en España, Bélgica y en algunos países del Centro y del Este europeos, como se desprende de cinco informes publicados por el Parlamento Europeo (PE) y realizados por expertos juristas, entre ellos un español, Fernando Zunzunegui, profesor de Derecho de Mercado Financiero de la Universidad Carlos III, socio fundador de Zunzunegui Abogados y coordinador legal de EFPA.

Para evitar que se siga abusando de la vulnerabilidad de los consumidores, los expertos recomiendan la creación de una autoridad protectora del consumidor financiero distinta de la autoridad bancaria que vela por mantener la estabilidad del sistema. A esta propuesta se han adherido tanto miembros del Parlamento Europeo como de la Comisión.

Esta autoridad nacional, una por país, se encargaría de proteger a los consumidores financieros y estaría coordinada a nivel comunitario con las autoridades financieras del resto de países de la UE. No solo gestionaría las reclamaciones de los consumidores, también tendría un poder sancionador para imponer medidas disuasorias.

«Es una propuesta muy interesante», afirma Patricia Suárez, presidenta de la Asociación de Usuarios Financieros (Asufin), «sobre todo porque la protección del consumidor financiero dejaría de estar en el Banco de España, la CNMV y el Consorcio de Seguros, que claramente tienen un conflicto de interés al tener también que supervisar la estabilidad financiera y del mercado.

Además, la propuesta incluye la coordinación de estas autoridades a nivel europeo y podrían imponer sanciones realmente disuasorias».

La autoridad nacional vendría a paliar una deficiencia en la legislación vigente en muchos países de la UE, entre ellos España. Según Suárez, «la legislación nunca funciona si no viene acompañada de medidas que la hagan eficiente, como reglamentos o circulares. Ahora, gracias a la legislación vigente, los usuarios financieros tenemos defensa en los tribunales de justicia, pero no hay mecanismos eficientes que resuelvan el problema con anterioridad».

También desde la asociación de consumidores Facua ven necesaria la creación de una autoridad que proteja a los consumidores y, por ello, han solicitado al actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la creación de una agencia estatal para la protección de los consumidores y usuarios con competencias sancionadoras ante «los fraudes masivos que afecten a consumidores de varias comunidades autónomas».

Según Rubén Sánchez, portavoz de Facua, «se trataría de un organismo adscrito al Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, dedicado a controlar el mercado e interponer multas a las empresas que vulneren la legislación de defensa de los consumidores».

INFRACCIONES MÁS COMUNES

Entre los principales fraudes que las entidades financieras cometen en España destacan los de ámbito hipotecario como la colocación de swaps, cláusulas suelo, IRPH e hipotecas multidivisa; y los del ámbito de la inversión, como la colocación de preferentes, deuda subordinada, productos estructurados... A lo que hay que añadir la salida a bolsa de Bankia y la quiebra del Popular.

También la presidenta de Asufin cree que dotar a los supervisores de la capacidad para imponer multas disuasorias a las entidades infractoras podría ser una medida importante, pero es «más necesario separar la función de supervisión de la defensa del consumidor».

AUDIENCIA

Los cinco informes elaborados por los juristas, que se discutieron la semana pasada en el Parlamento Europeo en una audiencia sobre fraude financiero, presentan coincidencias en sus conclusiones. Los expertos proponen que en la comercialización de productos financieros los bancos deben priorizar los intereses del consumidor y consideran «insuficiente» cumplir solo con las normas de transparencia.

A su juicio, la legislación actual no resuelve el problema de las malas prácticas bancarias y creen que falta un procedimiento «ágil y efectivo para compensar las pérdidas que sufren los consumidores».

El informe elaborado por Fernando Zunzunegui profundizó en los fraudes por préstamos hipotecarios con cláusulas suelo. Según el estudio, uno de cada ocho clientes hipotecados ha solicitado la devolución del cobro de lo indebido y más de medio millón de afectados no ha recibido compensación por parte de las entidades en respuesta a sus reclamaciones, optando como alternativa por demandar judicialmente.

Esta situación, según el informe, ha forzado la creación de juzgados especiales que ya están saturados, mientras muchos consumidores siguen buscando una solución, «lo que intensifica la necesidad de tomar medidas al respecto». Incide en que es fundamental proteger al deudor hipotecario durante toda la vida del préstamo y para hacerlo resulta conveniente «crear una autoridad protectora del consumidor financiero distinta de la autoridad bancaria que vela por mantener la estabilidad del sistema».

RECLAMACIONES COLECTIVAS

En la audiencia celebrada en el PE también se habló de impulsar la creación de un canal de reclamaciones colectivas de consumidores que estableciera elevadas multas a las compañías que llevaran a cabo malas prácticas. Facilitar las reclamaciones colectivas es una propuesta que la Comisión lleva demandando hace tiempo y en opinión de Patricia Suárez, se trata de una medida «muy positiva» y «desde Asufin hemos promovido ya varias iniciativas al respecto, una ante el Consejo General del Poder Judicial y otra ante el Congreso.

Sin embargo, no hay voluntad por facilitar este tipo de demandas que supondrían un importante ahorro a los contribuyentes, al no saturar los tribunales, y una medida de regulación contra las prácticas abusivas».

Fernando Zunzunegui, socio fundador de Zunzunegui Abogados y profesor de Derecho de Mercado Financiero de la UC3M

«EL BANCO DE ESPAÑA DEJA DE LADO LA PROTECCIÓN DEL CLIENTE»

Fernando Zunzunegui ha elaborado uno de los cinco informes publicados por el Parlamento Europeo que trata sobre de los fraudes por préstamos hipotecarios con cláusulas suelo.

¿Qué pueden hacer los supervisores para evitar que se siga abusando de los consumidores de productos financieros?

Deberían hacer efectiva la protección. Hay normas de conducta, pero no se aplican. El Banco de España (BdE) se limita a proteger la solvencia de la banca y deja de lado la protección del cliente.

¿La legislación vigente en España y en Europa es insuficiente para acabar con los fraudes en banca, inversión y seguros?

Existe un marco legal protector del consumidor financiero, pero falta criterio para aplicarlo. Son las sentencias de los tribunales las que están imponiendo la compensación a los afectados por los fraudes. Pero la respuesta judicial no alcanza a todos los perjudicados. La mayoría no acude al juez y sus derechos no se hacen efectivos.

¿Dotar a los supervisores de mayor capacidad para imponer multas a las compañías infractoras sería una de las soluciones?

Los supervisores ya tienen poder sancionador, pero no hacen uso de sus potestades. Falta voluntad política para imponer multas disuasorias que desincentiven las malas prácticas. No obstante, podrían reforzarse sus potestades y darles más recursos. Las resoluciones de sus servicios de reclamaciones deberían ser vinculantes para los bancos.

¿Facilitar las reclamaciones colectivas ante estos abusos ayudaría a acabar con ellos?

Deberían facilitarse las acciones colectivas. En este sentido, hay una propuesta de la Comisión de Class Action. Es una buena iniciativa, factible y necesaria. Si bien pone la representación de los consumidores en manos de las asociaciones y organismos sin ánimo de lucro, deja fuera a los abogados, lo cual restringe la capacidad de defensa de los consumidores.

Según los informes presentados en el Parlamento Europeo existen fraudes especialmente en España. ¿Cuáles son los principales fraudes en nuestro país?

Los informes ponen de relieve las malas prácticas de la banca española por su volumen y número de afectados. Destacan los abusos en el préstamo hipotecario, con cláusulas suelo, multidivisas, de imposición de gastos y otras muchas que están siendo declaradas nulas por los tribunales. Pero también se identifican fraudes relevantes en el mercado de valores, como la autocolación de participaciones preferentes y obligaciones subordinadas sin avisar de sus riesgos y al margen del perfil del cliente.

Su informe trata de los fraudes por préstamos hipotecarios con cláusulas suelo. ¿Cómo está evolucionando este tema?

La nulidad de cláusulas suelo y de gastos hipotecarios tiene una importancia sistémica, lo dice el FMI. Supone mantener en el tiempo cientos de miles de contenciosos con los mejores clientes de las sucursales. Afecta a la solvencia de la banca, pero también a su reputación. Han colapsado los juzgados creados para gestionar el problema con decenas de miles de demandas individuales.

A un problema colectivo corresponde una solución colectiva. Ante la notoriedad del fraude, con miles de sentencias que lo acreditan, el BdE debería gestionar con la Asociación Española de Banca la devolución de lo cobrado de más.

ALD/Finanzas