La presente Ley tiene como finalidad fundamental el establecimiento de políticas, normas y procedimientos continuos y permanentes que como mínimo los sujetos que obliga deben adoptar e implantar, con la intención de reducir los riesgos para que de acuerdo a sus actividades, no sean utilizados para legitimizar capitales ni financiar el terrorismo.
Los sujetos obligados por esta Ley son: 1) las personas cuyos valores son objeto de oferta pública, 2) las entidades de inversión colectiva y las personas que intervengan con los títulos que emitan, 3) los operadores de valores autorizados, 4) los asesores de inversión, 5) las bolsas de valores, 6) los agentes de traspasos, 7) las sociedades titularizadoras, 8) las cámaras de compensación, 9) las sociedades calificadoras de riesgo, 10) las demás personas que participen en la oferta pública del mercado de valores y por último, 11)  las personas jurídicas que la Superintendecia Nacional de Valores certifique como relacionadas con algún sujeto de los regulados en la ley de mercado de valores.
 
Esta resolución es de obligatorio cumplimiento por parte de los sujetos obligados antes enunciados, quienes deben diseñar e implementar un Sistema Integral de Administración de Riesgos de Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo, el cual deberá tener una estructura jerárquica representada de la siguiente manera:
 
1) La Junta Directiva
2) El Presidente o quien haga sus veces
3) El Oficial de Cumplimiento de Prevención y Control de Legalización de Capitales y Financiamiento al Terrorismo.
4) el Comité de  Cumplimiento de Prevención y Control de Legalización de Capitales y Financiamiento al Terrorismo.
5) La Unidad de Cumplimiento de Prevención y Control de Legalización de Capitales y Financiamiento al Terrorismo.
6) El Responsable de Cumplimiento designado en cada área sensible de Riesgo de Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo.
 
Los sujetos obligados tendrán además el deber de diseñar un Plan Operativo Anual de Prevención y Control de Legalización de Capitales y Financiamiento al Terrorismo.
 El Sistema Integral de Administración de Riesgos de Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo deberá hacer hincapié en tres fases fundamentales como lo son la colocación de fondos, la de procesamiento y  la de integración; utilizando tareas básicas como lo serían las de prevención, control y detección, reporte y conservación. Los sujetos obligados tienen el deber de diseñar un plan operativo anual de prevención y control de legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo, además deberán diseñar anualmente su propio plan estratégico. El plan estratégico deberá contener: actividades, objeto, responsables, unidad de medida, meta, insumos, costo y tiempo de ejecución.
 
Otra de las obligaciones de los sujetos obligados por la Ley es la de diseñar y adoptar un Código de Ética o Código de Conducta, así como también hacer un Manual de Políticas y Procedimientos de Administración de Riesgos de Legitimación  de Capitales y Financiamiento al Terrorismo. La resolución establece un procedimiento para la administración de riesgos de legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo, en el cual el sujeto obligado deberá evaluar su nivel de riesgo y entregar un informe por escrito anualmente a la Superintendencia Nacional de Valores. Los sujetos obligados deberán implantar políticas para conocer a su inversor, realizando las debidas diligencias, como lo serian el llevar un registro individual de cada uno de sus inversores, teniendo documentos para identificarlos, realizando una ficha de identificación del inversor y por último, conformando con toda la información un expediente por cada inversor. Los obligados tendrán que guardar por 5 años los documentos que sirvan para comprobar la realización de las operaciones con los inversores.
 
También necesitarán implantar políticas para conocer a sus empleados, prestando especial atención a las conductas y posibles cambios en las costumbres y nivel de vida que tengas sus empleados. Para éstos será necesario que creen un programa anual de adiestramiento y que tengan un registro y se lleven estadísticas sobre su formación y capacitación. La Ley establece que se deben implantar políticas para la administración de riesgo derivado de los servicios prestados por operadores de valores autorizados, tomando en cuenta el bajo valor que puedan presentar las transacciones involucradas. Tomando en cuenta el  hecho de que los fondos pudiesen provenir de fuentes legales y el hecho de que la naturaleza de la fuente de los fondos pueda variar de acuerdo con el tipo de organización terrorista.
 
Otro de los señalamientos de la Ley es que se realizaran auditorias a los sujetos obligados, tanto internas como externas. Los sujetos obligados deberán colaborar con las actividades competentes y tendrán que hacer un reporte de operaciones y/o actividades sospechosas pudiendo solicitar información a la Superintendecia  Nacional de Valores.
La Superintendecia  Nacional de Valores estará  facultada para hacer observaciones a los sujetos obligados quienes tendrán que adaptarse a ellas. Por último, la Ley tipifica que si los sujetos obligados incumplen con estas normas serán objeto de sanciones a las que haya lugar según la Ley de Mercado de Valores.
 
Es indudable que esta Ley permitirá tener a la Superintendecia  Nacional de Valores un amplio control sobre los sujetos obligados, quienes a su vez, tendrán la función de actuar en conjunto con ella, para prevenir, identificar, controlar y atacar el problema de la legitimación de capitales y financiamiento del terrorismo. Se considera que el conjunto de planes y programas que deberán diseñar e implementar los sujetos obligados permitirán el mejoramiento del personal, así como también facilitara el conocimiento sobre sus posibles inversores. La presente Ley es bastante ambiciosa, puesto que organiza a los sujetos obligados, estableciéndoles una serie de obligaciones que permitirán atacar el grave problema de la legitimación de capitales y el financiamiento al terrorismo de una manera más efectiva.
 
Rodolfo Montes de Oca
 
Abogado egresado de la UCAB – Cursante de la Maestría de Derecho Internacional Privado y Comparado de la UCV – Miembro del colectivo editor del periódico El Libertario / Blog: http://indubioproreovzla.blogspot.com/ / Twitter: @romontesdeoca