Correa, que vive en Bélgica después de haber gobernado Ecuador durante una década, se ha visto involucrado en una batalla legal con fiscales ecuatorianos, quienes lo persiguen por un caso de secuestro. En julio, un juez de Quito ordenó el arresto del expresidente ecuatoriano.

La justicia ecuatoriana vinculó a Correa en la investigación luego de que dos ex agentes de inteligencia, Diana Falcón y Raúl Chicaiza, señalaran en sus versiones que la orden de ejecutar el secuestro del político Fernando Balda, ocurrido en 2012 en Bogotá, vino del propio expresidente y de su secretario de Inteligencia.

El abogado de Correa, Caupolicán Ochoa, rechazó la decisión y dijo que obedece a presiones políticas, pues los elementos de convicción presentados por la fiscalía fueron desvirtuados por la defensa del exmandatario.

El exmandatario tiene orden de prisión preventiva desde julio pasado.

Asuntos relacionados: Presidente de Ecuador acusa a Correa de permisividad con traficantes de drogas. La jueza ratificó la orden y lo declaró prófugo.

En septiembre, el fiscal general del Estado, Paúl Pérez, acusó a Correa, al exsecretario de Inteligencia, Pablo Romero, así como a Chicaiza y a Falcón como autores de los delitos de asociación ilícita y secuestro.

La jueza, sin embargo, no encontró procedente el delito de asociación ilícita. Correa reiteradamente a través de sus abogados y de su cuenta de la red social Twitter ha negado las acusaciones en su contra y ha asegurado que hay "falso testimonio, pruebas forjadas y chantaje" en el caso Balda.

ALD/sputniknews

08/11/2018