El fraude fiscal es uno de los mayores problemas de la economía española. Así, la pérdida de recaudación por fraude fiscal rondaría los 26.000 millones de euros en España con una economía sumergida estimada en unos 102.600 millones, lo que supone el 16% del PIB, según un estudio presentado por los fiscalistas del Consejo General de Economistas (CGE).

"En nuestro país, y en estos momentos, pensamos que la economía sumergida, en general, consiste en ocultar pequeños ingresos, en muchos casos para sobrevivir o para completar otros ingresos declarados pequeños", explica Luis del Amo, secretario técnico del REAF del Consejo General de Economistas.

Aunque el secretario añade que "también existe otro tipo de fraude a través de tramas delictivas, normalmente en operaciones transfronterizas, así como, al igual que en otros países de nuestro entorno, el desvío de rentas por grupos multinacionales que colocan sus rentas en jurisdicciones de baja tributación".

Luis del Amo también señala que la situación en el país podría mejorar "si nuestros ingresos tributarios fueran mayores, se podrían pagar los gastos públicos sin incurrir en déficit y, por tanto, sin que las Administraciones Públicas tuvieran que pedir dinero prestado en los mercados".

"Esta lacra, que nos perjudica a todos los ciudadanos y, especialmente, a las personas y empresas que sí contribuyen, se debe intentar atajar desde diversos frentes", remacha el secretario. Por ello, el CGE ha propuesto 20 medidas para intentar reducir el fraude fiscal:

1. No existen recetas mágicas para erradicar el fraude fiscal. Como se lleva mucho tiempo trabajando en este sentido, se debe de tratar de aplicar la experiencia y adaptarse a las nuevas realidades de manera constante.

2. Intentar educar y concienciar a la población en el cumplimiento tributario, poniendo en valor a este respecto no solo el papel de las Administraciones, sino también el de la sociedad civil, apoyando iniciativas que se consideren relevantes.

3. Se podría mejorar el tratamiento en los medios de comunicación de las noticias fiscales y de la lucha contra el fraude, intentando huir del sensacionalismo y profundizar en el análisis de los temas.

4. Mejora en la forma de trabajar de las Agencias tributarias, perfeccionando la explotación de la información de que disponen, cuidando la formación de sus empleados y trabajando de forma coordinada.

5. Reflexionar sobre la posibilidad de aprobar un estatuto para la AEAT, llegando a un consenso político sobre su régimen jurídico, estrategia y tamaño, y tomando en consideración que es un gran organismo que presta servicios a diferentes instituciones.

6. El resultado de las comprobaciones debe estar apoyado en expedientes administrativos sólidos tanto en lo referente a los hechos como a los criterios aplicados, de forma que disminuya el porcentaje de éxito de los contribuyentes en las vías revisoras, tanto administrativa (actualmente en torno a un 40% de estimaciones en reclamaciones económico-administrativas) como judicial.

7. Facilitar la regulación tributaria por los contribuyentes, con unos costes sensiblemente inferiores a los de la regulación por la Administración, y dando facilidades para el pago.

8. Fijar los objetivos de las Administraciones tributarias fundamentalmente a medio y largo plazo, adaptando a dichos objetivos la planificación anual.

9. Mejorar la imagen de las Administraciones tributarias ante los contribuyentes, potenciando la idea de eficacia y de los servicios de ayuda.

10. Seguimiento especial a los nuevos contribuyentes con ventanillas presenciales o virtuales especiales para facilitarles el cumplimiento correcto desde el principio, asegurándose su anclaje en la economía legal, siendo especialmente importante en países en los que la creación y destrucción de empresas es muy grande.

11. Aumentar las actuaciones preventivas consistentes, por ejemplo, en el envío de cartas informativas a contribuyentes con cierto tipo de ingresos o de determinados sectores.

12. Potenciar la utilización de medios de pago electrónicos que facilitan el control de operaciones.

13. Seguimiento especial para contribuyentes de sectores que hayan sido sometidos a importantes regularizaciones para asegurarse de un cumplimiento correcto en el futuro.

14. Intensificar la cooperación internacional para el intercambio de información y para la comprobación de grupos y actividades que se desenvuelven en una economía globalizada.

15. Profundizar en el establecimiento de normas claras y estables.

16. Mejorar la generación y difusión rápida de criterios claros y estables.

17. Intentar reducir los tiempos de resolución en los procedimientos de revisión, siendo seguramente prioritario para ello dotar de los medios necesarios a los Tribunales Económico-Administrativos.

18. Intensificar las actuaciones especiales en actividades de economía sumergida o de fraude elevado con auxilio judicial en su caso.

19. Mejora de la relación cooperativa en el ámbito en que esta ya se está produciendo, con las grandes empresas, de tal forma que las que cumplen el código de buenas prácticas y presentan informe de transparencia tengan una valoración de riesgo fiscal acorde a su condición,pudiendo conocer los criterios interpretativos sobre operaciones determinadas de una manera fluida.

20. Intensificar la relación cooperativa para pequeñas y medianas empresas a través de asociaciones y colegios profesionales de asesores fiscales, propiciando que los que se adhieran a un código de buenas prácticas se responsabilicen de la validación de ciertos aspectos de las 'autoliquidaciones' presentadas por sus clientes y explorando el mecanismo previsto en el artículo 12.3 de la Ley General Tributaria.

ALD/Elempresario

08/11/2018