A un año y seis meses de haber dejado el poder, el expresidente Rafael Correa recibe su primer llamado a juicio por parte de la justicia ecuatoriana.

La jueza Daniella Camacho dictó la tarde de este miércoles el auto de llamamiento a juicio contra el líder del correísmo por el delito de plagio cometido contra el activista Fernando Balda, en Colombia en el 2012. Veinte elementos de convicción revelarían que Correa estuvo en la parte alta de la cadena de mando que se habría estructurado para planificar el ilícito.

El llamado a juicio de parte de Camacho, quien se tomó tres horas para la lectura de su resolución, alcanza también al exsecretario de Inteligencia, Pablo Romero, y a los exagentes de inteligencia Raúl Chicaiza y Jéssica Falcón. Los cuatro procesados pasaron a la etapa de juicio en calidad de autores.

La audiencia, que se inició a las 15:00, tuvo un receso de media hora alrededor de las 16:45. Luego, la magistrada leyó sus argumentos y dio su veredicto de llamado a juicio alrededor de las 18:25.

 

La jueza del caso resolvió que este proceso debía continuar solo por el delito de plagio y no incluyó la asociación ilícita que pedía Fiscalía. Desde su perspectiva: no se cumplían los requisitos de ese tipo penal. La fiscal general subrogante, Ruth Palacios, en la misma audiencia adelantó que apelará esa decisión e insistirá en que sí existe una asociación ilícita.

Debido a que Correa y Romero se encuentran prófugos de la justicia, pues el primero está en Bélgica y el segundo en España, Camacho dispuso que para ambos se suspenda la etapa de juicio hasta que sean capturados o se entreguen voluntariamente. A los dos se les ratificó la prisión preventiva, se les emitió la prohibición de enajenar bienes y la retención de cuentas que mantengan en el sistema financiero nacional en una cantidad equivalente al valor de la multa y la reparación integral de la víctima.

Chicaiza y Falcón permanecerán en los mismos centros de rehabilitación en los que estaban, mientras esperan fecha para la audiencia de juicio en la que harán valer la cooperación eficaz entregada. Camacho les negó la posibilidad de un arresto domiciliario, debido a que las casa de los exagentes no brindaban las seguridades necesarias.

El pasado 3 de julio, la jueza Camacho había dispuesto la prisión preventiva para el expresidente de la República Rafael Correa por la acusación que realizó en su contra la Fiscalía por este mismo caso de secuestro.

Fernando Balda dice que buscará extradición de Rafael Correa
Peritajes realizados en el caso señalan que existen elementos que permiten inferir que las acciones de Chicaiza y Falcón no constituyeron hechos aislados realizados por su voluntad individual, sino que provienen de la ejecución de órdenes directas dentro de una cadena de mando estructurado con varios niveles de estructuración y planificación.

Caupolicán Ochoa, abogado de Correa, calificó a la decisión de Camacho como una "larga, tediosa, desordenada y absolutamente empírica y artesanal resolución" que lo único que habría hecho es recapitular los elementos de convicción sin ser equilibrados en la valoración. Dijo que no le sorprendió la resolución, pues el caso ha sido político.

"Vamos a conversar con él (Rafael Correa) y será quien tome la decisión de volver a Ecuador. Pero hay que dejar claro que este país no puede soportar, ni tolerar un expresidente preso dos semanas. Tengan ustedes la seguridad de eso. Están jugando con fuego, están provocando una situación tremendamente compleja", refirió Ochoa.

La víctima del caso, Fernando Balda, explicó que aunque se haya hecho justicia al llamar a juicio a Correa, el Ecuador no puede celebrar el hecho de que el país comprobó de manera judicial que estos "hechos criminales" fueron ordenados por un Presidente de la República.

Delito de peculado

Su abogado, Felipe Rodríguez, dijo estar a la espera de que la Contraloría actúe para determinar cuánto dinero público se destinó para contratar los secuestradores de Balda, para pagar pasajes aéreos de los agentes y los secuestradores... y señale la existencia de indicios de responsabilidad penal que den paso a un caso por peculado que deberá investigar la Fiscalía.

 

Este caso tocó también a la Asamblea Nacional, luego de que la legisladora Sofía Espín visitara a finales de septiembre pasado a Falcón en la cárcel. La CNJ solicitó al Parlamento que le retire la inmunidad para poder investigarla por supuesto tráfico de influencias

ALD/ElUniverso

08/11/2018