“En México, la oficina del Fiscal General carece de autonomía suficiente, mientras los jueces estatales tienen mucha dependencia del poder ejecutivo y cuentan con pocos recursos humanos y especialización suficiente”, dice el informe Exportar la corrupción. Sobre ambos países planea una preocupación por la falta de independencia en el poder judicial a la hora de perseguir casos de corrupción.

El informe mide el cumplimiento de la Convención contra los sobornos de la OCDE, firmado por 44 países que suman el 65% de las exportaciones mundiales y el 75% de las inversiones en el extranjero.

México se deja querer y corrompe a otros por medio de sus empresas
Se cita el caso de Oderbrecht, que ha salpicado a los gobiernos de Brasil, México y otros países. También cita el caso del gigante farmacéutico Teva, que pagó multas millonarias al gobierno de México y a otros.

También la empresa pública española Canal de Isabel II está en el ojo del huracán por la posible compra de compañías a precios inflados y el pago de sobornos para obtener contratos en México y en otros países de América Latina.

También se ha investigado en España a Isolux Corsán por desarrollar una red mundial de sobornos para obtener contratos de obra pública en diversos países, así como a Endesa y Enel.

México aparece en el informe no sólo por dejarse corromper, sino porque se sospecha de empresas mexicanas por corromper a gobiernos de otros países. Las autoridades de Estados Unidos y de Colombia investigan a Cemex, mientras la justicia española investiga a Grupo México por posibles sobornos en España.

Sin embargo, el informe reconoce los esfuerzos del gobierno de desarrollar los mecanismos necesarios para perseguir sobornos por parte de multinacionales al gobierno del país y los gobiernos locales.

¿Corrupción Marca España?
El informe cita la acusación de la justicia española, en 2016, a las empresas Elecnor, Assignia y Rover Alcisa por soborno, corrupción y lavado de dinero por medio de una red criminal que implicaba a un embajador y a un político del partido que estaba entonces en el poder.

Se habla de pagos de 3 millones de euros a funcionarios de Argelia y a sus familiares para obtener el proyecto de tranvía Ouargla, al sur del país, por 23 millones de euros. Los pagos se habrían realizado por medio de una compañía en Holanda. En 2017, se publicaron acusaciones contra Elecnor relacionadas con un contrato para gestionar la planta desalinizadora Souk Tleta al norte del país.

El informe habla también de operaciones de lavado de dinero y sobornos por parte de la empresa DEFEX en Angola, en Camerún, en Egipto y en Brasil. Esta empresa semi pública exporta, entre otros productos, armas fabricadas en España. También se investigan sobornos al ejército argelino para la construcción de una fábrica de amoniaco por medio de una empresa conjunta que implica a la empresa española Fertiberia, subsidiaria de Villar Mir.

La falta de medidas suficientes para proteger a informantes por casos de corrupción está entre otras de las preocupaciones que el informe señala en cuanto a la lucha contra la corrupción en España. También señala una falta de comunicación y coordinación entre diversos organismos encargados del cumplimiento de la ley y, como ocurre con México, recursos insuficientes para formar a la policía y al poder judicial en materia de persecución de casos relacionados con sobornos.

Sobornos: corruptores y corrompidos
Cada año, un billón de dólares acaban en los bolsillos de funcionarios públicos en concepto de sobornos, según los datos sobre corrupción que maneja el Banco Mundial.

Informes como el de Transparency International han cambiado el foco, que antes se limitaba a los gobiernos que se dejan corromper. Esto justificaba la obtención de beneficios de grandes multinacionales y las dejaba impunes como actores fundamentales para casos de corrupción como los que cita el informe.

Empresarios, juristas y miembros de la Cámara de Comercio se opusieron hace unos años a que el Departamento de Justicia de Estados Unidos investigara a 78 multinacionales por violar el Foreign Corrupt Practices Act.

Los empresarios se quejaban de que la lucha de la corrupción en países extranjeros inhibiría las inversiones de empresas estadounidenses en el extranjero y veían poco pragmático trazar una línea que distinguiera soborno de lo que, para ellos, era una práctica habitual y una forma “distinta” que tienen otros países en su forma de entender los negocios.

Este argumento normaliza la corrupción de los “países tercermundistas” a los que luego critican muchos medios occidentales y refuerza la creencia de que la corrupción sólo afecta a “esos países”.

ALD/espaciomex

 

14/09/2018