En un discurso pronunciado en el marco de la conferencia “Combate a la corrupción y lavado de dinero. Experiencias internacionales y retos en El Salvador", organizado por la Asociación Bancaria Salvadoreña (ABANSA), la embajadora de los Estados Unidos en dicho país, Jean Manes se refirió a la malversación de fondos que según la Fiscalía General de la República, habrían realizado las dos últimas administraciones presidenciales: la de Antonio Saca (2004-2009) y la de Mauricio Funes (2009-2014)

Según la acusación, el desvío de fondos públicos ejecutado por ambos presidentes habría alcanzado un monto conjunto de $650 millones.

En su intervención, la diplomática lamentó las consecuencias de la corrupción sobre todo en un país como El Salvador, en el que las carencias sociales son grandes y evidentes.

“El costo de la corrupción es exponencial, porque no se trata solo del dinero que desaparece, sino también de todas las necesidades que no se solventan y las consecuencias que estas necesidades no cubiertas tienen en una población vulnerable”, indicó.

Manes trajo a colación el reciente préstamo de $350 millones que el país debió asumir con el Banco de Interamericano de Desarrollo (BID) para cubrir el déficit fiscal de este año para señalar que, de no haberse malversado los fondos públicos, El Salvador no habría tenido necesidad de contraer esa deuda que ahora compromete una porción del presupuesto en los siguientes 20 años.

“Hay que dejar claro que el tipo de corrupción que le permite a una persona robar millones de dólares de fondos públicos, es una corrupción endémica, sistematizada, en donde todos los puntos de seguridad fallan. Esto no se trata de un par de personas evadiendo la ley, se trata de un sistema diseñado para ocultar un fraude que involucra miles de personas tras la burocracia, la ineficiencia, y la falta de transparencia”, precisó la embajadora.

Aunque la diplomática celebró la indignación ciudadana observada a partir del destape de dichos casos, no dejó de cuestionar la permisibilidad y la complicidad de miles de personas que estuvieron al tanto de los movimientos y no hicieron nada para detenerlos.

“Ahora la población está indignada con el nivel de corrupción, pero también tengo que preguntar: ¿dónde estaba toda esta indignación hace quince años? ¿Hace doce años? ¿Hace diez años? ¿Hace cinco años? Esta indignación sobre cómo miles de personas sabían sobre lo que estaba pasando en este país. Es un país pequeño en donde habían movimientos de estos montos. No era un secreto de estado”, dijo.

Finalmente, Manes lanzó un enérgico llamado al país para no permitir que la historia se repita y dar un golpe de timón en el combate a la corrupción.

“Una condena le da a El Salvador la oportunidad de pasar la página sobre una historia de corrupción y escribir un nuevo capítulo en donde esta no se continuará tolerando.

Sin embargo, estos logros son frágiles. Existen todavía eslabones débiles en la cadena de la justicia, y no es suficiente sólo decir que ya no se tolerará la corrupción, hay que tomar acciones concretas que garanticen la transparencia de las instituciones y que castiguen a todos aquellos que rompan las reglas”, enfatizó.

Una banca colaboradora

La banca local ha sido señalada y criticada por no haber señalado en su momento los movimientos que permitieron la malversación de los fondos públicos. Eso a pesar de que, según información de la FGR, hubo casos extremos en que una persona cambió en un solo día 40 cheques por un monto total de $2 millones.

Al ser consultado sobre por qué no se encendieron las alarmas financieras, el presidente de ABANSA, Raúl Cardenal, aclaró que los bancos comerciales cuentan con mecanismos de alerta con reportes electrónicos y automatizados para varios casos: cuando se hacen depósitos en efectivo por $10,000 en una sola transacción o acumulada y otro reporte por el movimiento de $25,000, a los cuales se suman además los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS).

Cardenal sostuvo que la banca ha estado alerta enviando de manera sistemática e inmediata esta información a la FGR y recalcó, de hecho, que en las investigaciones actuales se está proporcionando toda la información requerida, incluso, desde 15 años atrás.

“Yo creo que lo que hay que hacer es fortalecer a las instituciones, como se ha dicho hoy. Hay que mejorar la transparencia, darle más recursos a todas las instituciones que están encargadas de mantener el sistema libre de delitos”:

En el caso particular de la banca Cardenal dijo que ya se hacen inversiones en los sistemas informáticos para detectar cualquier indicio de lavado de dinero.

ALD/EE 

17/08/2018