El Colegio de CPA publicó los resultados de un estudio que abarca al gobierno, organizaciones y el sector privado. El costo del fraude y abuso a la economía de Puerto Rico es de unos $1,954.66 millones, develó hoy el Colegio de Contadores Públicos Autorizados de Puerto Rico.

La cifra surgió del estudio que realizó la organización este año sobre el Fraude Ocupacional en Puerto Rico. Según esta investigación, los tipos de fraude ocupacional se pueden dividir en tres clasificaciones: apropiación de activos (robo de dinero o mal uso de activos), corrupción (utilización del poder para obtener beneficio personal), y estados financieros adulterados o fraudulentos.

“El estimado del costo del fraude ocupacional en el estudio de 2018 es de aproximadamente $1,954.66 millones, lo que es equivalente al 2.77% del producto bruto nacional del 2017 ($70,565.4 millones). En el estudio de 2006, que no incluyó al sector de Gobierno, la pérdida promedio informada por los participantes fue de 2.2% del producto bruto lo que equivale a una pérdida por fraude y abuso de aproximadamente $860 millones”, detalló el presidente del comité a cargo del proyecto, Eduardo González-Green, en declaraciones escritas.

“Nadie está exento de este problema, puede ocurrirle a cualquier empresa, a las universidades, al gobierno, a la banca, en fin, todos debemos prepararnos para poder combatirlo”, sostuvo el presidente del Colegio, Ramón Ponte Tápanes.

Es por esto que el estudio apunta que las compañías con un sistema formal antifraude para recibir querellas informaron menos pérdidas; que la auditoría interna resulta ser la manera más efectiva para detener el fraude; y que se recomienda establecer un sistema de recibo de querellas en las organizaciones.

“El fraude ocupacional es un problema global que representa una amenaza para las empresas hoy día. Es un gran fenómeno que afecta prácticamente a cada entidad y detectarlo representa un reto para muchas organizaciones. Entidades de distintos tamaños, del sector público y privado, han sido víctimas de este tipo de crimen, violentando la confianza del patrono y ocasionando un áspero y severo daño a la economía”, dijo el presidente.

En el 2006 la Fundación del Colegio de CPA realizó un estudio sobre el fraude ocupacional en Puerto Rico, pero fue limitado al sector privado.

“A diferencia del estudio de 2006, el estudio de 2018 fue diseñado para toda organización, incluyendo al Gobierno. El total de personas que contestó la encuesta fue de 281 de los cuales 131 cumplieron con los requisitos establecidos que eran el de aquellas personas que hayan experimentado o participado en la investigación de algún incidente de fraude en los pasados 3 años, donde dicha investigación haya concluido y el perpetrador haya sido identificado”, indicó González-Green.

ALD/Primerahora

 

10/08/2018