El tráfico ilegal de oro es un problema que cada vez tiene más arraigo en Sudamérica. Este negocio criminal al año puede amasar más de US$7 mil millones en exportaciones. Al tiempo que se expande y destruye el medio ambiente, generando a su paso una cadena de otros delitos como la trata de personas, la explotación infantil y -sobre todo- corrupción generalizada.

Tal es el auge de este crimen que el precioso metal ya es considerado “la nueva cocaína”, en tanto se alimenta de la demanda en el exterior, al igual que el narcotráfico. Solo que esta actividad parece ser más rentable y cuenta con notorias ventajas para su exportación.
 
Un artículo del diario peruano El Comercio señala que mientras un kilo de droga elaborada con coca puede venderse en el mercado negro a US$2 mil, uno de oro puede llegar a costar US$35 mil. Precio que incrementa según su valor internacional. Y es que, a diferencia de la cocaína, este producto no es ilegal y puede ser vendido con facilidad en refinerías y hasta en bancos centrales de cualquier parte del mundo.
 
De ello da cuenta el aún ministro de Minas y Energía colombiano, Germán Arce, quien en declaraciones al portal de investigación Market Slant aseguró que su país está “preocupado” de que parte del oro extraído de forma ilegal haya “llegado hasta las cámaras acorazadas de algunos bancos centrales”. Declaración que enciende aún más las alarmas sobre este tema si se considera que solo en 2016 el 80% del oro que exportó esa nación fue de origen ilícito y generó un aproximado de US$2 mil millones, según un informe del organismo suizo Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional.
 
Una parte de esta ilegalidad en Colombia se alía con la criminalidad. Las primeras alarmas sobre los vínculos entre grupos armados y la minería ilegal aparecieron en 2011 con un informe del Servicio de Seguridad neogranadino que advirtió de que el 50% de las minas en el país eran ilegales y de que los grupos armados dominaban muchas de ellas. Estas organizaciones pueden ser guerrillas o grupos paramilitares o mafias.
 
A fin de cuentas, los municipios que presentan mayores problemas con esta actividad son Segovia y Remedios (Antioquia), dos zonas que en 2009 fueron consideradas por la ONU como las más contaminadas del mundo, y donde grupos subversivos como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y la extinta guerrilla de la Fuerza Armada Revolucionaria de Colombia (Farc) cobran a los mineros ilegales un porcentaje de lo que producen.
 
Pero Colombia está lejos de ser el territorio más afectado por este mal. En Perú, el quinto productor de oro del mundo, existe una industria minera ilegal que extrae cerca de 75 toneladas de oro al año, lo que constituye la mitad del total extraído en las minas de la nación andina anualmente. Proporción que, si bien no alcanza los niveles de Colombia, sí constituye un porcentaje preocupante.
 
 
Las rutas del oro
 
Esto ha sido suficiente para que el territorio andino se haya convertido en la capital del tráfico de oro de Latinoamérica. Pues el metal extraído ilegalmente por esas tierras ha logrado infiltrarse en los canales legales de exportación de tal forma que ha alcanzado las 30 toneladas de oro anuales en Perú, llegando incluso a aumentar el envío de este elemento desde sus vecinos, Ecuador y Bolivia, donde se ha registrado un incremento en sus exportaciones de alrededor de 45 toneladas anuales en los últimos tres años, sin que se haya incrementado su producción minera.
 
Incluso, se estima que en Bolivia existen entre 1.000 y 4.000 cooperativas mineras, aunque solo hay registradas unas 500, según datos de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA). La organización advierte que en el país “la minería legal ingresa en circuitos de comercialización ilegal de manera permanente”.
 
Pese a que es difícil rastrear este mercado, Iniciativa Global calcula que al menos unas 68 toneladas de oro ilegalmente extraídas de la región amazónica y de la frontera norte con Perú han conseguido salir de este territorio para exportarse con todos los certificados de legitimidad hacia Estados Unidos y Suiza. Según la ONG, la explicación de que el tráfico prospere pese a los estrictos controles es el alto nivel de corrupción que han alcanzado.
 
Una investigación del rotativo El Comercio reveló que el 50% de la actividad de minería ilegal en Perú está en Madre de Dios, donde casi la totalidad del oro es extraído ilegalmente; Cusco y Puno. Uno de los mayores enclaves de esta actividad está ubicado en el centro de La Rinconada (Puno). Este es el punto de partida de las rutas más transitadas, que llegan a Brasil por Iñapari, a Bolivia por Perlas de Oro y Desaguadero, y a Chile vía Tacna.
 
Todo ello a través de un crimen que ha tenido un impacto económico sobre el territorio andino de alrededor de 3.500 millones de dólares que han dejado de entrar en su sistema financiero, sin contar los impuestos y tasas por explotación que también debieron ingresar a la nación, de acuerdo con el diario El Peruano. Además, a ello hay que añadir otro golpe, que además le cuesta dinero al propio Estado peruano: los daños medioambientales causados por las explotaciones ilegales.
 
Y es que a la deforestación de bosques, muchos de ellos protegidos, y a la afectación de importantes fuentes de agua, se suma la contaminación por mercurio, el químico usado para separar el oro. Se estima que por cada kilo de oro producido, se liberan cerca de 1,3 kilos de mercurio que contaminan las fuentes acuíferas y las poblaciones humanas que consumen agua y pescado.
 
 
Oro para lavar dinero sucio
 
En México, parte de la minería ilegal está vinculada a los cárteles de la droga, que han encontrado así una manera de lavar los dólares del narcotráfico y una importante fuente de ingresos. Cárteles como el de Sinaloa, Los Zetas o Los Caballeros Templarios tienen control sobre zonas mineras y exigen pagos a trabajadores y empresas. Según un informe de 2012 de la Procuraduría General, estas organizaciones cobran a las compañías entre 11.000 y 37.000 dólares al mes por trabajar en su territorio. De allí que las autoridades estadounidenses miren con atención este problema, considerando que buena parte del oro ilegal ingresa a sus fronteras.
 
Estados Unidos depende del oro latinoamericano para alimentar la fuerte demanda de sus industrias de joyas, lingotes de oro para inversionistas y equipos electrónicos. La cantidad de este metal que pasa todos los años por Miami equivale a casi el 2% del valor de mercado de las reservas federales del oro en las bóvedas de Fort Knox. No obstante, gran cantidad de ese producto proviene de minas ilegales en lo profundo de las selvas.
 
A mediados del pasado marzo, Juan Pablo Granda fue despedido del cargo que ocupaba como agente de ventas de oro sudamericano de la compañía NTR Metals, empresa de refinación de metales preciosos radicada en Colombia, y el mismo día, en su casa en Miami agentes federales se apersonaron con una orden de arresto para el ecuatoriano nacionalizado americano.
 
Su caso se considera como uno de los de lavado de dinero con mayor envergadura en la historia del sur de la Florida. Se presume un complot cuyo centro son narcotraficantes sudamericanos sospechosos de lavar miles de millones de dólares en oro obtenido ilegalmente, para lo cual utilizaron a Granda y a otros dos empleados de la firma en Miami.
 
Los fiscales estadounidenses identificaron a los otros dos acusados como Renato Rodríguez y Samer Barrage, ambos ex vendedores de NTR. Los fiscales afirman que los tres acusados compraron oro valorado en miles de millones de dólares a minas ilegales en los bosques tropicales de la Amazonia, coordinaron la refinación del metal en la instalación de la empresa en Miami, luego vendieron el oro y por último enviaron giros con las ganancias a los narcotraficantes en la región, según un documento que resume el caso federal.
 
 
Los delincuentes consideran la minería y la comercialización de metales preciosos un mercado lucrativo, cuidadosamente oculto de los consumidores estadounidenses, a quienes les gusta lucir joyas pero no saben de dónde viene el oro, ni quién sale afectado.
 
Según archivos de Aduanas, entre 2012 y 2015, la compañía importó oro ilegal valorado en US$ 3,600 millones a través de “varios países latinoamericanos” bajo la “responsabilidad” de Granda y de los otros dos empleados, indican documentos del Departamento de Seguridad Nacional y la Oficina Federal de Investigaciones.
 
“Por todos los miles de millones de dólares de las cargas enviadas de América Latina a NTR en Miami, NTR envió luego miles de millones de dólares en giros postales a América Latina desde Estados Unidos”, reza el documento, que presentó el fiscal Francisco Maderal.
 
Granda y los otros dos empleados de NTR son acusados de participar en diversas estrategias para saber quién vendía oro, establecer nuevas relaciones y darle promoción a NTR, al punto de llevar clientes a Miami para que conocieran sus instalaciones.
 
La empresa, una filial de Elemetal Direct, es un importante suministrador estadounidense de oro a grandes compañías, como Apple y 67 empresas de la lista Fortune 500, para no mencionar a Tiffany & Co., según un análisis de reportes corporativos del diario Miami Herald.
 
“El oro ilegal, obtenido en violación de leyes extranjeras, es un grave problema en toda América Latina, y sobre todo, en Perú, donde la explotación ilegal de las minas es culpable de la devastación de grandes extensiones de bosques tropicales”, señala el encausamiento.
 
Ahora los fiscales están investigando toda la industria del oro en el sur de la Florida con pesquisas a otros distribuidores de metales preciosos que se sospecha compran oro extraído ilegalmente a narcotraficantes, dicen fuentes judiciales. El objetivo es no solamente sacar del juego a compañías que manejan oro ilegal, como NTR. También quieren golpear a los carteles de las drogas, de acuerdo con el Nuevo Herald.
 
Esto debido que durante las últimas dos décadas, en momentos que la guerra de Estados Unidos contra las drogas ha afectado el flujo de efectivo de los traficantes, los narcos se han diversificado y han entrado al sector del oro en América Latina. Al usar las ganancias de las drogas para extraer y vender oro a compañías tanto multinacionales como estadounidenses, las organizaciones delincuenciales pueden lavar “enormes cantidades de dinero”, dijo John Cassara, agente especial retirado del Departamento del Tesoro, al rotativo norteamericano.
 
El resultado ha sido que el oro que tienen las joyas, monedas y teléfonos de los estadounidenses ayuda a los narcotraficantes a financiar envíos de drogas a ese país, así como a la extracción ilegal de oro en América Latina, afirman autoridades judiciales.
 
Un informe del portal Ojo Público del 2015 señaló que las empresas MKS Finance (Suiza), Metalor Technologies (Suiza), Italpreziosi (Italia) y Kaloti (Emiratos Árabes Unidos) también son sospechosas de comprar oro ilegal en el Perú, Bolivia, Colombia y Ecuador.
 
Cuando el Estado es aliado
 
Y mientras estas investigaciones se llevan a cabo desde Estados Unidos, en Venezuela todo parece ir al revés. Allí, donde Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional estima que el 90% de oro extraído es ilegal, otras pesquisas aseveran que el propio Estado estaría comprando el precioso metal a los criminales.
 
La minería en El Callao, estado Bolívar, pertenece al proyecto del Arco Minero, un área rica en minerales que representa el 12% de Venezuela y que el Gobierno de Nicolás Maduro pretende explotar, a pesar de que atraviesa selvas como La Paragua y las cuencas de los ríos Orinoco y Caroní. Unas cuatro empresas mixtas reclaman su parte de la zona, pero una visita del portal Infoamazonía bastó para entender que la minería legal y la ilegal van de la mano.
 
A mediados de noviembre de 2017, el Banco Central de Venezuela (BCV) recibió 5.992 kilos de oro, todos de la estatal Minerven. Sin embargo, de acuerdo con varios mineros y miembros del personal de Minerven entrevistados para el reportaje del mencionado portal, el oro no proviene originalmente de la empresa, sino de minas ilegales y de pequeña escala.
 
 
“No puedo afirmar que Minerven negocia con minas ilegales, porque en papel no es así”, afirma una fuente en Minerven. “Estamos autorizados para comprar material de 17 a 18 asociaciones de productores artesanales de oro, pero sabemos que ellos se lo compran a mineros ilegales. Así es como se trabaja ahora. Todos los días las personas buscan tener negocios con nosotros para convertirse en legales”, dijo citado por el site informativo.
 
Los mineros explican que sólo una menor parte de la producción de oro de Venezuela termina en las arcas del BCV. La mayoría es traficada hacia el extranjero por el Ejército y el crimen organizado. Cerca de 80% del oro de Venezuela sale ilegalmente del país en aviones de contrabando hacia Aruba y Curazao, de acuerdo con el general retirado Cliver Alcalá Cordones.
 
De acuerdo con el Diputado a la Asamblea Nacional venezolana y vicepresidente de la Comisión Permanente de Energía y Petróleo, Elías Matta Whebe, en Venezuela existe mucha opacidad en cuanto al manejo del precioso metal.
 
“Una de las cosas importantes que hay es que la ley que rige la exportación del oro y otros materiales estratégicos, apenas se aprobó en el año 2009 y fue paralizada. Nosotros le hicimos una reforma en 2016 pero, debido al desacato que nos ha mantenido el Tribunal Supremo de Justicia, esta fue desaprobada y ahora se maneja basado en el Decreto de Emergencia. Por ello hay tanta opacidad y nadie tiene claro cómo se están haciendo las cosas en esa materia”, afirma a la redacción de Antilavado de Dinero.
 
“Se cree que de Venezuela han salido, solo en los últimos año, unas 140 toneladas de oro de contrabando y que la mayor parte de ese metal llegó a Curaçao, en donde el oro se ha convertido en el primer rubro de exportación”, menciona. Sus datos revelan que esta isla vendió 2400 millones de dólares en oro del 2011 al 2016.
 
“Pero no solo es Curaçao, también es Brasil, Colombia y Miami. En Puerto Ordaz y San Félix (estado Bolívar) se consiguen miles de puestos  de compras de oro, donde pagan el gramo a 64 millones de bolívares y eso es oro de contrabando que no entra al Banco Central de Venezuela. Todos esos puntos de compra de oro, que los hay pero a granel, es oro que sale de contrabando que no genera ingresos al país sino desastres ecológicos”, recalca.

En búsqueda de soluciones
 
La cadena económica de la ruta del oro es bastante enrevesada y su trazabilidad es compleja. La irrupción de los grupos criminales en el entramado minero ha obligado a países andinos a suscribir diferentes convenios supranacionales para destruir maquinaria, por ejemplo, con el fin de obstaculizar la expansión ilegal y extractivista aurífera.
 
Pese a que países como Perú, Bolivia, Ecuador, Colombia, Brasil o Guyana han avanzado en normativa nacional y han establecido sanciones penales para la minería ilegal, la actividad ilícita sigue ganando la batalla. Al punto que América Latina es la región con mayores índices de minería ilegal de oro del mundo.
 
Pero el tránsito del oro ilegal no se entiende sin analizar el rol que asumen los importadores. Pese a que la Unión Europea aprobó a mediados de 2017 una ley que prohíbe la compra de minerales procedentes de zonas de conflicto, otros compradores externos no cumplen las recomendaciones internacionales que buscan frenar la minería ilegal y las violaciones de derechos humanos que conlleva.
 
De hecho, investigaciones recientes apuntan a nuevos mercados como China, India, Dubai o Hong Kong que no son tan responsables o conscientes de estas actividades y no siempre piden certificación de origen o rastrean el oro que compran.
 
Otro eslabón de esta cadena lo conforman diversas empresas destinadas a la compraventa de minerales que no se adhieren a los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos de la ONU y que aún no han implementado mecanismos eficaces para mapear las cadenas de suministro y procedencia del oro. Organizaciones especializadas piden que se persiga y penalice a toda empresa implicada en cualquier actividad ilícita.
 
ALD / Luis Mendoza

 

10/07/2018