La Casa Presidencial descartó atender la solicitud de ayuda que le hizo la empresa Alunasa, propiedad del Gobierno de Venezuela, a la cual el Banco Nacional le cerró las cuentas bancarias luego de que Estados Unidos la señalara por un presunto lavado de dinero.

El Poder Ejecutivo incluso le cierra la puerta a la posibilidad de reunirse con los representantes de la compañía, quienes le pidieron una audiencia al mandatario, Carlos Alvarado, para exponerle la situación de la compañía radicada en Juanilama de Esparza, Puntarenas.

El pasado 18 de mayo, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos envió un comunicado en el que asegura que el diputado constituyente venezolano, Diosdado Cabello, utilizó a Alunasa para introducir y legitimar dinero de origen ilegal.

Rodolfo Piza, ministro de la Presidencia, informó de que el Gobierno se dedicará únicamente a atender a los 277 empleados que trabajan en la fábrica de productos de aluminio, los cuales tienen hasta cinco semanas de no recibir sus salarios.

Consultado sobre si la administración Alvarado accederá a la solicitud de reunión o negociación de Aluminios Nacionales, S. A. (Alunasa), el ministro de la Presidencia respondió: "No, nosotros en este momento, como están en curso varias investigaciones y varias acciones, que están más allá del ámbito del Poder Ejecutivo, la decisión es escuchar a los trabajadores y ver qué alternativas se pueden ofrecer para paliar algunas de las situaciones más difíciles que están enfrentando".

"(Hablar con la empresa) no está en el plan de acción, y repito que la tarea es hablar y atender especialmente el tema de los trabajadores" Rodolfo Piza, ministro de la Presidencias
Costa Rica recibió las conclusiones de EE. UU. de parte de la Oficina de Activos en el Exterior del Departamento del Tesoro.

Producto de esa alerta, el 13 de junio, el Banco Nacional cerró las cuatro cuentas que la empresa tenía en esta entidad financiera, así como dos a nombre de Noel Rafael Martínez Rivero, general de división y presidente de Alunasa.

La compañía niega los cargos que le atribuye Estados Unidos y asegura que, con el bloqueo, no puede pagar los salarios de sus trabajadores, ni tampoco cancelar las deudas que mantiene con el banco y con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

La compañía solicita que la dejen operar bajo supervisión, según dijo el asesor jurídico, Carlos Peña: "Busque todos los mecanismos de control que necesite. Busque todo lo que usted pueda imaginar para controlar las cuentas de Alunasa, y poder investigar para delante y para atrás. No obstante, deberíamos buscar una manera de que nosotros podamos tener las cuentas para poderle pagar a los trabajadores y para poder comerciar el producto".

Piza informó de que esa posibilidad tampoco se está considerando: "Lo que se está valorando es cómo atender la situación de los trabajadores", insistió.

El ministro explicó que esa atención se coordinará a través de una comisión de alto nivel que sesionaría por primera vez la próxima semana.

La decisión se tomó en una reunión efectuada la mañana de este miércoles, en la que participaron Piza y otros representantes del Ejecutivo, trabajadores de la empresa, el alcalde de Esparza y diputados de Puntarenas.

"Ellos plantearon la situación difícil que viven los trabajadores de Alunasa, los más de 270 trabajadores. Hemos oído sus preocupaciones, angustias y, por supuesto, la voluntad del gobierno de buscar algunas medidas paliativas, o compensatorias a la situación que están viviendo los trabajadores y sus familias", manifestó Piza.

Los trabajadores de la fábrica experimentan incumplimientos en el pago de sus salarios desde el año pasado, debido a un problema con el suministro de los minerales que vienen desde Venezuela, lo cual ha interrumpido las operaciones de la empresa.

Investigación en curso

En Costa Rica, la alerta sobre las presuntas actividades ilícitas en las que supuestamente está envuelta Alunasa la recibieron las entidades bancarias, el Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) y el Ministerio Público.

La investigación de Estados Unidos concluyó que Diosdado Cabello, en asocio con altos funcionarios venezolanos, utilizó a Alunasa para legitimar, en Costa Rica, dinero proveniente de actividades ilegales, en diciembre del 2016.

EE.UU. sostiene que, para supervisar la operación, Cabello incluso le pidió al Ejército designar funcionarios en la compañía en Costa Rica.

Según el Departamento del Tesoro, Cabello y su grupo lavaron dinero en Alunasa mediante la importación, a través de Panamá, de cargamentos de minerales por la vía marítima, algo que la compañía niega.

Alunasa, en tanto, asegura que el gobierno de Venezuela se mantiene firme en su decisión de que la empresa siga operando en el país "a toda costa", con tal de no despedir a los 277 trabajadores a los que da empleo en la planta.

La empresa alega que su funcionamiento es vital para la provincia de Puntarenas, en la que escasean las fuentes de empleo. 

ALD/Nación

22/06/2018