El Grupo de Acción Financiera Internacional para Latinoamérica (GAFILAT) publicó el informe de la evaluación de Panamá que presenta una revisión de la efectividad del sistema de prevención y control del lavado de dinero y financiación del terrorismo del país y su nivel de cumplimiento de las Recomendaciones del GAFI de 2012 en el marco de la cuarta ronda de evaluaciones mutuas.

Si bien del informe se desprende que de las 40 Recomendaciones revisadas en Panamá el país tiene cumplidas 10, mayormente cumplidas 22, parcialmente cumplidas 7 y solo 1 no cumplida, esta última recomendación incumplida, Transparencia y Beneficiario Final de las Personas Jurídicas, tiene una gran injerencia en el tono de reclamo del documento emitido esta semana por GAFILAT.

Destaca el informe que la principal amenaza de Panamá es el ingreso de flujos financieros vinculados a actividades ilícitas cometidas en el exterior, debido a que dentro del país no se han identificado importantes grupos delictivos o actividades criminales o terroristas de carácter transnacional.

Uno de los principales riesgos que enfrenta el país en materia de ingresos de fondos de origen delictivo es la recepción de dinero u otros activos financieros producto de delitos fiscales cometidos en el exterior, señala el informe, y agrega que “los flujos financieros del exterior encuentran en Panamá un sistema financiero sólido y con una amplia gama de servicios societarios que, si bien tiene por objeto facilitar los negocios legales, son vulnerables a ser aprovechados para proporcionar opacidad y ocultar el origen o vinculación ilegal de recursos”.

Este riesgo no ha sido considerado en la Evaluación Nacional de Riesgo aprobada por el país, según el informe y destaca que los delitos fiscales no están tipificados como delito precedente en el país, lo que afecta significativamente las posibilidades de prevención e investigación de delitos de lavado de dinero a nivel local e impide prestar una adecuada cooperación en los pedidos recibidos del exterior cuyo delito se vincule con el delito fiscal. La imposibilidad de investigar y procesar el delito de lavado de dinero proveniente del delito fiscal influye negativamente de forma determinante en la efectividad del proceso de decomiso y medidas de incautación.

Actualmente, la defraudación fiscal en Panamá es una falta administrativa y no penal a pesar de que el país se encuentra trabajando en una norma para penalizar la evasión fiscal que podría ser tipificada como delito y conllevaría penas de prisión para casos de defraudación intencionados y de montos elevados.

En relación con la recomendación incumplida, critica el informe que no se establece ninguna obligación de control preventivo por parte del agente residente ni de las autoridades panameñas con respecto a los registros contables, que permita evaluar los riesgos de la actividad que desarrolla una determinada sociedad.

Según el informe del GAFILAT, los cuatro supervisores del sector financiero de Panamá – Superintendencia de Bancos de Panamá, Superintendencia del Mercado de Valores, Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá, Instituto Panameño Autónomo Cooperativo– identifican y entienden los riesgos del lavado de dinero de sus sectores, aunque estén en diferentes etapas de desarrollo de sus matrices de riesgo y procesos de supervisión basada en riesgo.

La Intendencia de Regulación y Supervisión de Sujetos Obligados No Financieros, dependiente del Ministerio de Economía de Panamá y encargada de supervisar y regular a los sujetos obligados no financieros y actividades realizadas por profesionales, ha elaborado las variables de las matrices de riesgo por sector y está trabajando en la incorporación de la información que le permita desarrollar sus actividades de supervisión, apunta el informe.

Si bien las instituciones financieras presentan un nivel adecuado de comprensión de sus riesgos y de obligaciones frente a la prevención y control del lavado de dinero, “las APNFD –a pesar del trabajo de la Intendencia— demuestran no entender íntegramente los riesgos de LA, ello repercute especialmente en el cumplimiento de obligaciones. Las medidas de mitigación en APNFD se encuentran en una etapa más incipiente de desarrollo”.

Panamá debe intensificar las acciones de concientización y capacitación de los sujetos obligados especialmente APNFDs identificadas como de alto riesgo en la Evaluación Nacional de Riesgo, debe promover el desarrollo de manuales, la difusión de guías y la organización de sesiones de retroalimentación con los sujetos obligados para lograr aumentar la participación y los niveles de envío de reportes de operaciones sospechosas de sectores de alto riesgo.

Destaca también el informe que se considera fundamental dar especial atención al sector de zonas francas para prevenir la realización de maniobras de facturación indebida de mercaderías u otras maniobras ilícitas de comercio exterior y se deberán adoptar medidas para controlar el uso de efectivo en el sector de zonas francas y en el de inmobiliarias y constructoras.

Del informe se desprende que las autoridades panameñas cooperan y coordinan adecuadamente el desarrollo de políticas y actividades para prevenir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, a pesar de que se han constatado limitaciones en el alcance de la Estrategia Nacional de Riesgo.

Es por este motivo, que el informe señala que las políticas y actividades nacionales implementadas por parte las autoridades no son consistentes con todos los riesgos identificados en el país. Más allá del delito fiscal no contemplado, se considera que los fondos ilícitos provenientes de las demás amenazas, tanto internas como externas, identificadas por la evaluación (narcotráfico, tráfico de armas y personas, contrabando, delitos financieros, corrupción, etc.) no están siendo adecuadamente enfrentadas debido a las importantes vulnerabilidades no atendidas por la estrategia en los principales sectores de riesgo (servicios societarios, zonas francas, inmobiliario, financiero).

ALD/ACFCS

 

04/02/2018