Hace ya tres años se “destapó” el denominado “Caso Ficrea”, un gigantesco fraude cometido por Rafael Olvera Amezcua, quien dirigía la hoy desaparecida entidad financiera, a través de la cual defraudó a unos seis mil ahorradores que incluyeron -aunque teóricamente se trataba de una institución dedicada al “ahorro popular”— a varias entidades públicas del País.

Con el escándalo, que aún hoy tiene a los defraudados esperando el desenlace de los proceso de remate de propiedades y obras de arte que lograron asegurarse, comenzaron a surgir también los datos precisos que revelaron decisiones ilegales por parte de entidades públicas, una de ellas el Tribunal Superior de Justicia de Coahuila.

De espaldas a la Ley, e incluso en contra de las observaciones realizadas oportunamente por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el Poder Judicial de la entidad —en ese momento encabezado por Gregorio Pérez Mata— decidió utilizar 126 millones del Fondo para el Mejoramiento de la Administración de la Justicia, para “apostar” en el mercado especulativo.

Desde entonces, se ha demostrado sobradamente que la “inversión” realizada fue un acto irregular y que, por ende, debía investigarse la forma en la cual se tomaron las decisiones que condujeron a la pérdida de tales recursos, así como identificar a quienes participaron de ellas.

Lejos de tal posibilidad, ni el Poder Judicial, ni ninguna otra entidad del Gobierno de Coahuila, abrió una investigación seria al respecto y durante meses se insistió en la teoría de que el dinero sería recuperado, porque ya se habían iniciado los procesos legales para ello.

A la fecha, de acuerdo con la información que ha dado a conocer el Poder Judicial local, sólo se ha recuperado algo más de la décima parte de lo “invertido”, es decir, 16.3 millones de pesos.

Hoy, quienes tienen la responsabilidad de garantizar la administración de justicia en Coahuila han decidido emprender acciones para recuperar el dinero. Pero lejos de hacerlo en la forma en la cual espera la ciudadanía, han recurrido a la fórmula clásica: trasladar la factura a los contribuyentes.

La “solución” que el Consejo de la Judicatura estatal ha encontrado al problema, es autorizar una “venta de garage”, consistente en poner a la venta bienes muebles maltratados o en desuso, a fin de “fortalecer” el Fondo para el Mejoramiento de la Administración de la Justicia.

Que las instituciones públicas realicen este tipo de procesos es, sin duda, algo normal y no se trata de pedirle al Poder Judicial que detenga la venta de los activos que ya no resultan útiles para el cumplimiento de su función.

Sin embargo, sería de esperarse que, además de hacer esto, se establezca un compromiso con la ciudadanía para concluir las investigaciones del caso y fincar responsabilidades a quienes, por acción, por omisión, por negligencia o con intención, causaron perjuicio al patrimonio público.

Dejar de hacer esto, o apostarle al olvido de la sociedad, sólo contribuye a incrementar la crispación social y a consolidar la idea generalizada de que la impunidad seguirá siendo el signo distintivo en la actuación del sector público.

 

ALD/Vanguardia

 

07/12/2017