Antilavado de Dinero: Se debe aplicar la Convención de Palermo al actual Gobierno venezolano

Se debe aplicar la Convención de Palermo al actual Gobierno venezolano

Afirmó el magistrado Alejandro Rebolledo:" La Convención de Palermo se debe aplicar a la delincuencia organizada, y tenemos que pensar que Venezuela está gobernada por individuos que se comportan como una corporación criminal".

¿Se debe aplicar en Venezuela?

"Es posible porque la Convención de Palermo aplica a la delincuencia organizada, y nosotros tenemos que pensar que hoy Venezuela está gobernada por un grupo de individuos que se comportan como una corporación criminal. Por lo tanto, el Gobierno venezolano no persigue objetivos propios de una administración, sino de cuatro elementos que en él están presentes: narcotráfico, terrorismo, legitimación de capitales y corrupción. La delincuencia organizada dicta las políticas de Estado hoy en Venezuela.

¿Cómo está funcionando en este momento el Tribunal Supremo de Justicia en el exilio? ¿Cuáles son los próximos pasos?

Estamos unidos, haciendo una encuesta en nuestra cuenta Twitter y nuestra página web, y le hemos preguntado a la gente que si ellos están de acuerdo con que nos instalemos fuera de Venezuela como único Tribunal Supremo legítimo. Y hasta ahora el 93 % de más de 23.000 respuestas nos dicen que sí. Y el objetivo de instalarnos como Tribunal Supremo en el exterior es el de perseguir y castigar efectivamente a quienes se han robado más de 800.000 millones de dólares del erario venezolano, que es una cifra sin precedentes en la historia universal.

¿Hay alguna experiencia previa de instalación de una Corte Suprema en el exilio?

No. Nosotros seríamos la primera. Lo que hay son experiencias de Gobiernos en el exilio, pero no una corte de justicia. Hemos hablado con distintas organizaciones internacionales para que nos apoyen. Es por eso que estamos asumiendo la solicitud de la Convención de Palermo, porque en el Estado venezolano la delincuencia organizada tiene el control. ¿Cómo saber dónde está el dinero? Las trazas de ese dinero, lo que fue Cadivi, Sitme, Simadi, los convenios Aladi, donde se robaron miles de millones de dólares.

¿Cómo podemos llegarle a ese dinero, a esa gente? A través de los convenios internacionales, para que precisamente las Unidades de Inteligencia Financiera del mundo puedan decirnos a nosotros quiénes tienen cuentas en qué bancos, y cuál es el origen de esos fondos y de las propiedades que puedan haber comprado internacionalmente, en especial en los Estados Unidos.

Hay personas que para lograr un estatus en EE. UU. le mintieron al Gobierno americano cuando llenaron sus formularios para conseguir una residencia, un asilo o una visa de negocios: tienes que declarar el origen de tus fondos, bajo juramento. ¿Eras funcionario, eras militar, y de pronto tienes 20, 30 millones de dólares en un banco? ¿A qué tipo de negocios te dedicabas y cómo llegaste a obtener ese dinero? ¿Eras del Partido Comunista? Cosas como esas, inmediatamente, en una revisión de expedientes, pueden ser detectadas. Estamos tratando de que esas personas sean deportadas de Estados Unidos.

La cifra de 800.000 millones de dólares no cubre solo los mecanismos de Cadivi, Cencoex, etc., sino también qué pasa con el oro de Venezuela, qué pasa con el petróleo venezolano.

La cifra está clara, pero ¿de cuánta gente estaríamos hablando que participó en esa corrupción?

Lo delicado de esto, y por eso nunca decimos nombres, es que queremos que se logre el objetivo, y si nombramos gente, se ponen alerta y comienzan a moverse. Nosotros teníamos hace poco diez expedientes y más de cien personas. Eso ha ido aumentando porque en la medida en que vamos encontrando vinculaciones, van creciendo las relaciones. Lo que pasa es que también en esa medida van creciendo los pases de factura, las potenciales acusaciones falsas. Una de las principales características de las mafias es la omertá.

Tú tienes que ver si detrás de una acusación, de una delación, hay una enemistad manifiesta, o realmente hay una relación que lo puedas ubicar dentro de la violación de derechos humanos, el narcotráfico, el terrorismo y la corrupción. Más allá de cada denuncia hay que denunciar el cómo cada persona está vinculada a los hechos. Hemos encontrado de todo: las fachadas que utilizan para que no se les ubique, sus vinculaciones con los altos funcionarios. Desenmascarar todo eso, encontrar cuáles son las vinculaciones, no es nada fácil.

Cada expediente tiene un delito. Con las violaciones de derechos humanos, por ejemplo, ya armamos un expediente. Pero tienes que armar expedientes como los de la justicia estadounidense, que son diferentes a los nuestros.

¿Ustedes solo apuntan a que los atienda la justicia estadounidense, o se están planteando unas metas más amplias, como la Unión Europea o los países latinoamericanos?

Hicimos una visita a Perú, donde nos reunimos con la Corte Suprema de Justicia, con el Congreso. Tuvimos la oportunidad de coincidir con una reunión de nueve presidentes de Parlamentos. De allí salió un comunicado, una declaración, de no reconocimiento de la Constituyente y reconocimiento de las instituciones de Venezuela. Nosotros planteamos que las sanciones de Estados Unidos fueran respaldadas por la región, y también por la Unión Europea, para que no tengan cobijo estas personas.

Y cuando nos reunimos con el vicepresidente Pence, el magistrado Antonio Marval y yo le dijimos que en Estados Unidos hay venezolanos que mintieron en su estatus migratorio. Hablábamos en Perú, cuando nos reunimos con los magistrados, que ellos alababan la política anticorrupción porque habían logrado captar 3.000 millones de dólares de casos de corrupción. Y yo le dije a las autoridades peruanas que en el caso venezolano un solo individuo tiene más de USD $3.000 millones.

¿Ese sujeto lo tienen ustedes identificado?

Por supuesto.

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¿Alguna vez se ha aplicado la Convención de Palermo a un Gobierno?

La Convención se refiere a grupos estructurados para cometer delitos de manera permanente. En Venezuela existe esta estructura, que ha logrado controlar todo el Estado. En Venezuela hay un Estado mafioso que tiene el control de todo. Cuando una persona del Ejecutivo llama a un juez y el juez decide en función de lo que le ordenan, el Ejecutivo tiene el control del poder judicial. La fiscalía y el poder judicial le suben y le bajan el volumen a los casos en función del interés político. Por eso reina la impunidad.

¿El Tribunal Supremo de Justicia en el exilio apoya las sanciones de Estados Unidos, las considera suficientes, cree que deben incrementarse?

Lo que hemos conversado es que nosotros nos consideramos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela y hemos estado asesorando, de una u otra forma, las sanciones. Hemos estado todo el tiempo en contra de la justicia selectiva. Si alguien ha robado a Venezuela y ha hecho posible que Venezuela tenga esta crisis que tiene hoy, nosotros también vamos a pedir sanciones.

Cabe señalar que el magistrado Alejandro Rebolledo no está preso porque se fue a tiempo de Venezuela. Uno de los magistrados electos por la Asamblea Nacional reside en los Estados Unidos y es experto en legislación contra la legitimación de capitales y el narcotráfico.

Rebolledo se ha convertido en la voz más activa entre los magistrados en el exilio. Se ha reunido con el vicepresidente estadounidense Mike Pence y con Luis Almagro, secretario de la Organización de Estados Americanos; y en conversación con PanAm Post habla sobre la posibilidad de aplicar al Gobierno de Nicolás Maduro la Convención de Palermo, y sobre aquellos que ya están identificados y “tendrán que pagar por lo que le robaron a Venezuela”.

 

ALD con información de PanAm Post

 

 

04/09/2017