Aunque no exista una fórmula mágica para acabar con la corrupción, sí es posible llevarla a su mínima expresión. Y esto solo se logra a través de herramientas eficaces orientadas a lograr el compromiso de las entidades y sus funcionarios, para evitar que caigan en actos deshonestos y así incentivar la aplicación de herramientas de prevención, detección y gestión dentro de sus estructuras.

Es justo en este punto donde radica la mayor importancia de los oficiales de cumplimientos. Y es que estos individuos tienen como principal objetivo hacer cumplir la normativa sobre prevención del lavado de dinero.

“Dependiendo de la actividad y tamaño de la empresa o del banco, las obligaciones que tiene que cumplir un oficial de cumplimiento, y los medios a emplear, son muy diferentes. Pero todas esas obligaciones tienen como fin último evitar que los delincuentes utilicen a las entidades bancarias, a los profesionales, o a empresas de determinados sectores, para blanquear el dinero de sus actividades delictivas”, explica el inspector de Hacienda del Estado español y autor de varios libros sobre blanqueo de capitales, corrupción y fraude fiscal José María Peláez.

Siendo más que evidente que el cumplimiento de las normas antiblanqueo suponen un factor muy importante para medir el grado de transparencia de una empresa o un sector empresarial, se puede intuir que estos personajes son necesarios dentro de la estructura de cualquier organización.

Pero, ¿qué ocurre si se corrompen?

Es por ello que un oficial de cumplimiento corrupto puede traer serias consecuencias a una firma.

Para Peláez, la más importante de ellas es que las medidas antiblanqueo pierden totalmente su eficacia. Algo, absolutamente peligroso porque en la prevención está la clave para combatir este crimen.

En esto concuerda el abogado penalista, magistrado, especialista en delincuencia organizada, récord Guinness en prevención de crimen organizado, editor del portal Antilavado de Dinero y autor del libro “Así se lava dinero en Venezuela”, Dr. Alejandro Rebolledo.

“Para evitar todos estos riesgos que implican el blanqueo de capitales y el financiamiento al terrorismo tiene que haber prevención”, dice.

Estudios recientes realizados por diferentes organizaciones extranjeras sobre este tema reflejan que más del 90% de las operaciones de legitimación que han sido descubiertas en el mundo, deben su detección a los oportunos reportes y comunicaciones que hicieron los bancos a las autoridades de control, evidenciando el gran papel que representan los programas preventivos para evitar mayores delitos financieros.

A fin de cuentas, el delincuente querrá, tarde o temprano, introducir el dinero de sus actividades delictivas en el circuito financiero, para darle apariencia de legalidad.

No obstante, si el acto corruptivo del oficial de cumplimiento lleva a la entidad a ser víctima de uno de estos delitos, su reputación se vería afectada severamente. Pudiendo enfrentar otras consecuencias como multas o la pérdida de confianza de sus clientes y potenciales socios.

“Si un banco tuviera un problema reputacional donde su dinero o el que ingrese a sus arcas es productos de actividades ilícitas y por ellas acarrea sanciones o multas por parte de los órganos supervisores, fiscalisadores o reguladores, los clientes de ese banco o quienes traten de hacer negocios con él, encontrarán riesgos importantes para seguir haciendo negocios con ellos o empezar a hacerlos, en virtud de que su reputación está realmente muy desprestigiada, menciona Rebolledo.

Un oficial de cumplimiento corrupto puede traer serias consecuencias a una firma

¿Cómo se pueden corromper?

Aún así, que un oficial de cumplimiento se corrompa es un riesgo latente, debido a que el dinero puede comprarlo casi todo, incluso a la conciencia de algunas personas.

“Cuando se mueve mucho dinero, y el crimen organizado y la corrupción lo mueven, siempre existirá el riesgo de que ese activo se utilice también para neutralizar las medidas para detectar y perseguir el blanqueo de capitales”, detalla Peláez. “Resulta evidente que una forma de neutralizar esas medidas es corromper a quien tenga que hacerlas cumplir”, añade.

En ese sentido, el experto español asegura que también se podría incluir como casos de corrupción las situaciones en las que las entidades bancarias hacen la vista gorda respecto del origen del dinero que circula por sus arcas cuando hay sospechas de que procede de actividades delictivas.

“En estos supuestos no existe un pago específico de dinero para provocar esa situación, sino simplemente prima el negocio sobre el cumplimiento de las normas”, puntualiza.

Esto último podría compararse con el caso MoneyGram. En 2012, en un proceso federal , la compañía con base en Dallas pagó US$ 100 millones para compensar a las víctimas de un fraude en el que los scammers habían engañado a las personas diciéndoles que habían ganado la lotería o había sido contratados para un programa de compradores secretos.

Los defraudadores convencieron a los ciudadanos, normalmente de avanzada edad, para usar el sistema de transferencia de MoneyGram para que les enviaran las tasas y otros conceptos por los que debían pagar.

Entonces, el ex jefe de cumplimiento de la firma Thomas Haider no presentó informes de actividad sospechosa para agentes que sabía o sospechaba que estaban involucrados en fraude, lavado de dinero u otra actividad delictiva. Y tampoco realizó las debidas diligencias o auditorías que se esperaban ni terminó las relaciones con agentes de reconocido alto riesgo.

Una vez descubierto el caso, el gobierno de Estados Unidos sancionó al funcionario por un millón de dólares y una suspensión de por vida de sus labores. Aunque, poco después, llegaron a un acuerdo luego de que Haider admitiera que violó sus obligaciones como jefe de cumplimiento de MoneyGram, permitiendo a los criminales usaran a la organización para defraudar a los consumidores inocentes.

Y es que, al no cortar relaciones con establecimientos de la compañía que presentaban un alto riesgo de fraude y tomar otras medidas claramente requeridas en su puesto, Haider permitió el delito.

Poco después, el aludido dijo a la prensa que las propuestas que hizo el departamento de MoneyGram para disciplinar a los agentes había sido bloqueado por la oficina de ventas y que el programa antilavado había sido auditado por inspectores estatales más de tres docenas de veces.

Otro caso emblemático fue el llamado “operación saqueo”, ocurrido en Guatemala y encabezado por el expresidente Mauricio Funes.

La Fiscalía General de la República de ese país señaló que el Banco Hipotecario es la principal institución financiera que permitió el robo de más de 351 millones de dólares de fondos públicos durante el gobierno del expresidente Funes. El seguimiento que el organismo hizo de la ruta del dinero evidenció que este dinero pasó de una cuenta en un banco privado a cuentas de particulares en la mencionada institución financiera, sin generar ninguna alerta.

Entonces, el oficial de cumplimiento fue clave para que esto ocurriera. En 2012, un auditor contable realizó un examen al banco y señaló que no se había justificado el dinero sacado en efectivo, pero las autoridades de la entidad le trasladaron que se trataba de un “asunto privado”.

Según la Fiscalía, los documentos de las cuentas de exjefe de la Unidad Financiera de Casa Presidencial Francisco Arteaga eran resguardados por el exdirector de la empresa Manuel Rivera. Estas le eran transmitidas por el oficial de cumplimiento del Banco Hipotecario, Joaquín Eduardo Cárdenas, a quien el Ministerio Público acusó por no dar aviso de la extracción de dinero, y que hoy se encuentra prófugo de la justicia.

En 2012, MoneyGram pagó US$ 100 millones para compensar a las víctimas de un fraude que pudo ser evitado por su oficial de cumplimiento

Entonces, ¿cómo se puede evitar que se corrompan?

El fraude ocurre cuando el personal en puestos de confianza y control decide romper con eso para su beneficio propio.

Según los expertos, una buena forma de romper con ello es a través de la creación de una cultura de prevención de fraudes mediante la evaluación periódica de empleados, debido a que si todos los empleados saben que se les van a evaluar frecuentemente, sirve para mejorar el comportamiento.

Para ello también existen situaciones que pueden representar indicios de corrupción de un oficial de cumplimiento, o de cualquier otro empleado o directivo, “como el renunciar de forma ilógica a ascensos, a cambiar de trabajo, o incluso a tomar vacaciones”, menciona Peláz.

Además, agrega que existe otra medida que puede resultar eficaz para evitar la corrupción de un oficial de cumplimiento es la aprobada en una reciente directiva de la Unión Europea, que obliga a los bancos y empresas a establecer canales de denuncias internas para que cualquier empleado o directivo pueda denunciar los incumplimientos de la normativa.

“Estos denunciantes tienen derecho a la confidencialidad y a su protección, no pudiendo las empresas adoptar represalias contra ellos”, resalta.

Por su parte el especialista en delincuencia organizada Dr. Rebolledo, concluye que es importante “establecer políticas de control y prevención que minimicen los riesgos, aunado a la necesidad de depurar las instituciones a través de constante adiestramiento que le permitan conocer a los funcionarios los riesgos, las causas y sobre todo, las consecuencias de dichos actos y su repercusión social, para así crear conciencia y un desarrollo sociocultural, que en su conjunto permita una lucha efectiva contra la corrupción”

ALD / Luis Mendoza

1/12/2018