La conversión de Venezuela en un Estado Mafioso la ha llevado a ser la meca del tráfico ilegal en la región. Prueba de ello se encuentra en el contrabando de oro. Un mineral que es explotado y sacado ilícitamente de la nación, bajo la protección del Gobierno y su Fuerza Armada.

Ya a principios de mes una nueva orden ejecutiva, firmada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, prohibió a empresas e individuos estadounidenses a participar en operaciones relacionadas a la explotación del oro en territorio venezolano. A fin de evitar que ocurran “transacciones fraudulentas y corruptas” que ayuden a la administración de Nicolás Maduro a “expoliar” la riqueza del país.

Y es que, de acuerdo con un informe de Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional, cerca del 90% de oro extraído en la nación caribeña es ilegal. Mientras que otras pesquisas aseveran que el propio Estado estaría comprando el precioso metal a los criminales.

La minería en El Callao, estado Bolívar, pertenece al proyecto del Arco Minero, un área rica en minerales que representa el 12% de Venezuela y que el Gobierno de Maduro explota, a pesar de que atraviesa selvas como La Paragua y las cuencas de los ríos Orinoco y Caroní. Unas cuatro empresas mixtas reclaman su parte de la zona, pero la verdad es que en la zona la minería legal y la ilegal van de la mano.

“Con ese saqueo no solo están robando patrimonio a su propio pueblo, sino que también es algo que ha tenido graves consecuencias medioambientales, como en el mercurio en los ríos”, explicó John Bolton, asesor de seguridad nacional de Trump, tras el anuncio de las sanciones.

A mediados de noviembre de 2017, el Banco Central de Venezuela (BCV) recibió 5.992 kilos de oro, todos de la estatal Minerven. Sin embargo, de acuerdo con varios mineros y miembros del personal de la firma entrevistados para un reportaje realizado por un grupo de periodistas venezolanos sobre el proyecto minero, el oro no proviene originalmente de la empresa, sino de minas ilegales y de pequeña escala.

En eso último concuerda el diputado del estado Bolívar en Venezuela Américo de Grazia, quien asevera que en las zonas mineras operan tanto “pranes” (líderes de bandas criminales venezolanas) como factores de la guerrilla colombiana del Ejército de Liberación Nacional (ELN). Explica que allí existen diversas metodologías para la explotación del precioso metal, que involucran a estos individuos. Siendo la más común la del “pequeño minero”.

“Al pequeño minero, los pranes o el ELN le cobran el diezmo, que es un porcentaje de todo lo que este produce y el otro porcentaje se lo compran al precio que imponen los delincuentes o los guerrilleros y de ahí sube a los enchufados (personas cercanas al Ejecutivo venezolano). A estos últimos le corresponde la parte que le toca al Gobierno central y de ahí lo exportan a través del contrabando, que es lo que quiere fichar el Departamento del Tesoro de Estados Unidos”, detalla.

En Puerto Ordaz y San Félix (estado Bolívar) los puestos de compra y venta de este mineral se pueden contar por miles, según el también diputado y vicepresidente de la Comisión Permanente de Energía y Petróleo, Elías Matta Whebe.

“Todos esos puntos de compra de oro, que los hay pero a granel, es oro que sale de contrabando que no genera ingresos al país sino desastres ecológicos”, dice.

De Grazia sostiene que en la zona los precios del gramo de oro se ubican cerca de los Bs. 4.000 (unos US$ 16). Sin embargo, el valor al que se lo pagan al minero depende de la pureza o calidad del mineral, “puede ser entre Bs. 1.800 a 3.000 Bs., variando de cómo, quién y dónde lo explotan”, acota.

Y en esos sectores donde la minería ilegal está a la orden del día, el oro es utilizado como el valor con el que se fijan precio de productos. “Lo utilizan para hacer mercado en Las Claritas y Tumeremo, y en todas esas zonas donde la actividad minera reina. Los precios se fijan en oro, siendo el valor que tienen los productos, la cesta básica, etc, añade el legislador.

El crimen organizado hace vida dentro del Arco Minero venezolano

El Arco Minero y el desastre ambiental

La dramática caída de los precios del petróleo, principal rubro de exportación venezolana y responsable de más del 95% de los ingresos totales de la nación, sirvió de excusa para que el presidente Maduro desempolvara un proyecto que ya en 2011 había sido desechado por Chávez, dado los grandes impactos ambientales que éste causaría.

Esto debido a que los 111.843,70 kilómetros cuadrados que ocupa el Arco Minero del Orino, se encuentran severamente amenazados gracias a los trabajos de minería donde se estarían explotando principalmente oro, diamante, bauxita, coltán, hierro, cobre, caolín y dolomita.

La extensión comprende principalmente zonas de los estados Bolívar, Amazonas y Delta Amacuro. Se trata de un área de gran biodiversidad con bosques y selvas que están protegidas por decretos de reserva forestal como el caso de Imataca, de 3.800.000 hectáreas; La Paragua y El Caura con 5.134.000 hectáreas, monumentos naturales, como el caso de Guanay y cuencas que están protegidas igualmente por leyes ambientales y convenios internacionales, como la Cuenca del Caroní de 96 mil kilómetros cuadrados, que provee de reservas de agua dulce a la represa del Guri, la más importantes del país y generadora de 60% de la energía hidroeléctrica de la nación.

A finales del pasado octubre, el Departamento del Tesoro advirtió que Venezuela recurre de manera creciente al comercio de oro sin control medioambiental ni de contabilidad para financiar las redes de corrupción que sostienen el Gobierno de Maduro, refiriéndose a la explotación minera que se hace en la zona del AMO.

“Tras saquear totalmente Petróleos de Venezuela (Pdvsa), donde no queda nada más por robar, hemos visto un cambio en la atención del régimen de Maduro hacia el oro, es el nuevo recurso que están buscando”, afirmó el secretario asistente del Tesoro estadounidense, Marshall Billingslea, en una conferencia en el centro de estudios Brookings de Washington.

El funcionario denunció el expolio de las minas de oro en el sur de Venezuela y aseguró que “se está aproximando a una situación similar a la de los diamantes ensangrentados” en África. “Deberíamos expresar más indignación por el daño que se está causando al medioambiente y las poblaciones indígenas”, manifestó.

El asistente del Tesoro se refirió a un hecho inaludible: quienes se han visto más directamente afectados por el daño ecológico de este proyecto son los pueblos indígenas que desde hace cientos de años ocupan el territorio intervenido, así como los ecosistemas de interés mundial, en tanto el AMO forma parte de la Amazonia.

La deforestación y el uso del mercurio en la actividad minera que se continúa desarrollando caóticamente causan estragos ambientales y violan el derecho a la tierra de 198 comunidades indígenas, algunas de las cuales han rechazado rotundamente el cianuro como alternativa supuestamente ecológica promovida por el gobierno.

El daño ambiental que causa el Arco Minero venezolano es incalculable

¿A dónde va el oro?

Billingslea, que dirige la Oficina de Financiación Terrorista y Crímenes Financieros del Tesoro, apuntó que en los últimos meses se calcula que habrían salido de Venezuela “21 toneladas métricas de oro”, que han ido “principalmente a Turquía”.

A precios actuales del mercado esa cantidad equivaldría a 840 millones de dólares. El oro “se está sacando del país sin que haya contabilidad alguna para saber a dónde van a parar los fondos”, indicó.

“No se trata de minería convencional, esto es destruir los bosques creando enormes cantidades de agua estancada que va contaminada con mercurio y otros químicos. Será una catástrofe medioambiental durante décadas, con brotes de malaria, dengue; y estas enfermedades se van a mover por la región con los millones de refugiados”, alertó.

Datos del Instituto de Estadísticas de Turquía revelan que entre enero y mayo de este año Venezuela exportó 20,15 toneladas de oro, equivalentes a 779 millones de dólares. Según el ministro de Desarrollo Minero, Víctor Cano, el envío fue con la misión de refinación. No obstante, meses después aún no han regresado al país.

A esto se unen cifras del legilador Whebe y del general retirado Cliver Alcalá Cordones, que resaltan que otro gran porcentaje del preciado mineral se dirige hacia las islas de Aruba y Curazao.

“Se cree que de Venezuela han salido, solo en los últimos año, unas 140 toneladas de oro de contrabando y que la mayor parte de ese metal llegó a Curaçao, en donde el oro se ha convertido en el primer rubro de exportación”, menciona el diputado. Sus datos revelan que esta isla vendió 2400 millones de dólares en oro del 2011 al 2016. “Pero no solo es Curaçao, también es Brasil, Colombia y Miami”, enfatiza.

De acuerdo con De Grazia, todo ese mineral que sale desde Bolívar sale de contrabando “por los caminos verdes oliva”, aludiendo al respaldo de las fuerzas armadas con el que cuenta el tráfico ilegal.

“Hay una élite militar que está comprometida con esa actividad, teniendo el control de todas las vías de salida”, revela. Agrega que “la Fuerza Armada Nacional sí está involucrada en eso, porque es una zona absolutamente militarizada. Para llegar de Puerto Ordaz a Santa Elena hay que pasar 17 alcabalas, tienen 27 estaciones de combustibles confiscadas, expropiadas a particulares, todos eran venezolanos y hoy están en manos de las fuerzas armadas nacionales, todas las estaciones de combustibles que están en el área del Arco Minero”.

Pero, además, el diputado afirma que existe una gran presencia de pranes venezolanos, quienes salen de los grandes penitenciarios del país para dirigirse a las zonas del Arco Minero; donde conviven con guerrilleros del ELN.

El Gobierno venezolano exporta el oro de contrabando hacia Turquí, Aruba y Curazao, entre otras regiones

Cero empresas

Quienes brillan por su ausencia parecen ser las supuestas empresas que han firmado acuerdos con el Ejecutivo Nacional para la explotación minera en el mencionado proyecto.

“Las empresas son una ficción. La Gold Reserve y Cristallex no operan en la zona y hay muchos infantilismos. Niños y niñas en todos los sentidos, como la trata de blanca o prostitución; indígenas. Esas transnacionales que, a mi juicio, son de maletín, no tienen inversiones en la zona sino una concesión entregada en el pasado, gracias a los juicios que han ganado. Eso lo ponen a valer en las bolsas de valores de Vancouver ganando indulgencia con escapulario ajeno, en especulación estrictamente financiera que no tiene nada que ver con la explotación directa del oro”, puntualiza De Grazia.

El diputado se refiere a la firma que estuvo involucrada en la inversión que fue severamente criticada por quien fuera ministro de Petróleo del expresidente venezolano y ahora disidente del chavismo, Rafael Ramírez.

“Se entregaron nuestras reservas de oro a la Gold Reserve, la misma empresa transnacional que Chávez nacionalizó y expulsó del país por defraudar al Estado venezolano. No solo la volvieron a traer, sino que acordaron pagarle lo que la empresa pidió como indemnización por el acto del Comandante”, escribió el exfuncionario en un artículo de opinión en donde ataca al mismo gobierno al que hace un tiempo representó ante las Naciones Unidas.

Esta compañía es la que más se ha beneficiado del proyecto chavista. Sin ni siquiera haber extraído ni un gramo de oro, la empresa canadiense duplicó sus acciones en la Bolsa de Toronto tan solo con el anuncio de su regreso a Venezuela.

En apenas un año la empresa salió de la quiebra y aumentó su patrimonio en 114%. En diciembre de 2015 había declarado un patrimonio negativo de 19.855.927 dólares y 12 meses después reportó un patrimonio positivo de 2.814.378 dólares.

Maduro junto a representantes de la Gold Reserve

El problema con el oro

El abogado penalista, magistrado, especialista en delincuencia organizada, récord Guinness en prevención de crimen organizado, editor del portal Antilavado de Dinero, Alejandro Rebolledo, menciona en su libro "Así se lava dinero en Venezuela" que el tráfico ilegal de oro es un problema que cada vez tiene más arraigo en Sudamérica.

“Este negocio criminal al año puede amasar más de US$7 mil millones en exportaciones. Al tiempo que se expande y destruye el medio ambiente, generando a su paso una cadena de otros delitos como la trata de personas, la explotación infantil y -sobre todo- corrupción generalizada”, escribe.

En su texto, el especialista en crimen organizado recalca que tal es el auge de este crimen que el precioso metal ya es considerado “la nueva cocaína”, en tanto se alimenta de la demanda en el exterior, al igual que el narcotráfico. “Solo que esta actividad parece ser más rentable y cuenta con notorias ventajas para su exportación”.

Mientras un kilo de droga elaborada con coca puede venderse en el mercado negro a US$2 mil, uno de oro puede llegar a costar US$35 mil. Precio que incrementa según su valor internacional. Todo porque, a diferencia de la cocaína, este producto no es ilegal y puede ser vendido con facilidad en refinerías y hasta en bancos centrales de cualquier parte del mundo.

Un artículo del diario peruano El Comercio señala que mientras un kilo de droga elaborada con coca puede venderse en el mercado negro a US$2 mil, uno de oro puede llegar a costar US$35 mil. Precio que incrementa según su valor internacional. Y es que, a diferencia de la cocaína, este producto no es ilegal y puede ser vendido con facilidad en refinerías y hasta en bancos centrales de cualquier parte del mundo.

Iniciativa Global calcula que al menos unas 68 toneladas de oro ilegalmente extraídas de la región amazónica y de la frontera norte con Perú han conseguido salir de este territorio para exportarse con todos los certificados de legitimidad hacia Estados Unidos y Suiza. Según la ONG, la explicación de que el tráfico prospere pese a los estrictos controles es el alto nivel de corrupción que han alcanzado.
 

ALD / Luis Mendoza

15/11/2018